La Cámara vota hoy la ley estatutaria del fuero militar

La Cámara baja colombiana votará hoy la ley estatutaria que le dará vida a la reforma del fuero militar entre las críticas de organizaciones humanitarias que expresan su preocupación por el riesgo de que delitos cometidos por agentes de seguridad del Estado queden impunes.

La plenaria Cámara de Representantes está convocada desde esta mañana para terminar de debatir los cien artículos de la ley estatutaria, una tarea que inició la semana pasada y en la que quedaron aprobados más de la mitad de los puntos.

Fuentes de la Cámara de Representantes informaron a Efe de que los legisladores todavía no han comenzado sesión.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se sumó hoy a las recientes críticas de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional a esta iniciativa y mediante un comunicado llegó incluso a pedir “suspender el voto de este proyecto de Ley”.

“Con el pretexto de ‘garantizar la seguridad jurídica de los militares’ están a punto de crear un régimen de excepción que suspende las normas básicas de protección de derechos humanos a los civiles”, señaló la Coordinación de Colombia-Europa-Estados Unidos de la FIDH.

Según esta plataforma humanitaria, los miembros de la fuerza pública “no necesariamente van a responder jurídicamente por las lesiones a los derechos humanos que se generan como efecto de un uso desbordado de la fuerza en operaciones militares y policiales”.

Esta reforma constitucional al fuero militar fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso, pero para entrar en vigor necesita ser activada por la ley estatutaria, cuyo texto termina hoy de debatir la Cámara baja y después tendrá que ser conciliado con el Senado y aprobado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El fuero penal militar establece que la justicia ordinaria asumirá todos los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.

En caso de duda, se establece que será un Tribunal de Garantías mixto, compuesto por militares y policías en retiro jueces ordinarios, el que atribuya el caso en disputa a la justicia correspondiente.

Este punto preocupa a los organismos humanitarios porque a su juicio, por lo aislado de los escenarios del conflicto, serían los propios uniformados los encargados de denunciar ante ese tribunal un eventual crimen de lesa humanidad, lo que puede frenar su posterior investigación y enjuiciamiento.

El actual periodo legislativo colombiano concluye este jueves 20 de junio, por lo que el Congreso tiene en sus manos el futuro de esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Santos. Bogotá, 17 jun (EFE)