Foto de cortesía.
Un nuevo capítulo se abrió en el polémico caso de los MI-17, luego de que en las últimas horas un juez de control de garantías ordenara la libertad inmediata del coronel Ferney Rincón y de otras dos personas que habían sido vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento de estas aeronaves militares.
La decisión generó reacciones en el sector defensa y volvió a poner bajo la lupa uno de los procesos de contratación más cuestionados de los últimos años.
Según lo expuesto durante la audiencia, el despacho judicial consideró que la Fiscalía no presentó elementos probatorios suficientes que permitieran imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres investigados.
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En criterio del juez, el material recopilado hasta ahora no demostraba, de manera clara, la necesidad de mantenerlos privados de la libertad mientras avanza el proceso penal relacionado con los MI-17.
El coronel Rincón había sido señalado por su presunta participación en la suscripción y ejecución de un contrato orientado al mantenimiento de los helicópteros de fabricación rusa que hacen parte del parque aéreo del Ejército Nacional. Estas aeronaves son clave para operaciones de transporte de tropas, apoyo logístico y misiones en zonas de difícil acceso y alto riesgo.
Durante la diligencia judicial, la defensa de los implicados insistió en que sus actuaciones se ajustaron a los protocolos internos y a la normatividad vigente en materia de contratación pública y procedimientos militares. Además, reiteraron que no existió intención de causar detrimento al patrimonio público ni de beneficiar irregularmente a terceros.
No obstante, la libertad concedida no significa el cierre del proceso. Los tres implicados continúan vinculados formalmente a la investigación y deberán seguir compareciendo ante las autoridades judiciales a medida que se surtan nuevas etapas del caso. De hecho, trascendió que la Fiscalía estaría evaluando la posibilidad de interponer un recurso de apelación para intentar revertir la decisión.
El expediente por los MI-17 indaga supuestas fallas administrativas y eventuales sobrecostos en contratos destinados a garantizar la operatividad de estas aeronaves, consideradas estratégicas para la seguridad nacional. Mientras el proceso avanza, el caso sigue generando debate sobre los controles en la contratación militar y el manejo de recursos públicos en el sector defensa.
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