Foto: Tomada de redes sociales
La investigación por la muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, dejó al descubierto un nuevo elemento sobre la presunta planeación del crimen: la Fiscalía General de la Nación aseguró que habría existido una promesa de pago de $4 millones para quienes participarían en el homicidio.
El dato fue revelado este sábado 1 de agosto durante las diligencias judiciales adelantadas contra cinco personas capturadas por su presunta participación en los hechos. De acuerdo con el ente investigador, el dinero habría sido acordado previamente, aunque finalmente no habría sido entregado.
La investigación señala a Yulieth Cecilia Angulo Escobar como una de las principales involucradas en la planeación. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, habría establecido el acuerdo económico con los demás implicados y posteriormente habría utilizado un engaño para conseguir que María Camila se trasladara hasta el sitio donde ocurrió el crimen.
Así habría sido el acuerdo de los $4 millones
Según la Fiscalía, Kevin Alexis López Orozco habría tenido entre sus funciones coordinar aspectos logísticos relacionados con el homicidio, distribuir las tareas entre los participantes y encargarse de garantizar el pago que supuestamente había sido pactado.
El ente acusador sostuvo que los $4 millones correspondían a una suma acordada antes de la ejecución del crimen. Sin embargo, la transacción nunca llegó a concretarse.
Este elemento hace parte de las evidencias recopiladas durante los 13 días de investigación que terminaron con la captura y posterior judicialización de cinco personas.
La Fiscalía reconstruyó cómo habrían ocurrido los hechos
De acuerdo con la investigación, María Camila habría sido contactada mediante un engaño relacionado con una supuesta visita a una pañalera en el sur de Cali. La Fiscalía sostiene que Yulieth Angulo habría conseguido ganarse su confianza al hacerle creer durante un tiempo que también estaba embarazada.
El 16 de julio, según la información expuesta durante el proceso, Angulo habría recogido a la joven en una motocicleta. Sin embargo, en lugar de llevarla al establecimiento que supuestamente visitarían, la habría trasladado hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines.
La Fiscalía señala que en ese inmueble se habría desarrollado el ataque contra María Camila. Según la investigación, Nixon Steven Mondragón Cuero habría participado directamente en la agresión que terminó con la muerte de la joven.
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Posteriormente, la bebé que la víctima esperaba habría sido extraída y los implicados habrían realizado acciones encaminadas a ocultar evidencias del crimen, de acuerdo con la hipótesis presentada por el ente acusador.
La investigación también atribuye funciones específicas a otros de los procesados. Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde posteriormente fue encontrado en el río Meléndez.
Entre tanto, Edwin García Zuluaga habría cumplido labores de vigilancia en los alrededores para advertir sobre una eventual presencia de las autoridades.
Cinco personas fueron judicializadas
Los detalles conocidos hacen parte del proceso contra cinco personas que fueron capturadas luego de las labores investigativas adelantadas por las autoridades.
Durante las audiencias, la Fiscalía imputó diferentes delitos relacionados con el caso, entre ellos feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios.
La investigación busca establecer la responsabilidad individual de cada uno de los procesados y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte de María Camila Potosí.
El cuerpo de la joven fue encontrado el 20 de julio en el corregimiento de La Buitrera, en Cali, después de que se reportara su desaparición.
Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando y analizando elementos que hacen parte del expediente, entre ellos registros de cámaras de seguridad, interceptaciones, análisis forenses y material obtenido durante los allanamientos realizados en Cali y otros municipios del Valle del Cauca.
La presunta promesa de pago de $4 millones constituye uno de los elementos expuestos por el ente acusador mientras avanza el proceso judicial. Según la Fiscalía, la suma habría sido acordada como parte de la planeación del crimen, pero no habría llegado a ser pagada.
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