Foto de archivo.
El asesinato de una madre y su hija en zona rural de Amalfi, Antioquia, volvió a encender las alertas por la situación de orden público en el nordeste del departamento, una región marcada por la presencia y disputa de grupos armados ilegales.
Un crimen que comenzó con una retención
Los hechos se registraron el 29 de abril en área rural del municipio, en un contexto que, según los primeros reportes, estuvo precedido por la retención de una de las víctimas. La mujer, reconocida en la zona por su labor como campesina y propietaria de una finca, habría sido interceptada por hombres armados y mantenida contra su voluntad durante varias horas.
Ante la falta de noticias sobre su paradero, su hija decidió salir a buscarla. En medio de esa búsqueda, la joven también fue interceptada por integrantes del mismo grupo armado. Posteriormente, ambas fueron encontradas sin vida en un sector rural del municipio, en circunstancias que aún son materia de verificación por parte de las autoridades.
Otra información preliminar ubica el hallazgo en un punto del territorio donde convergen actividades económicas como la minería, una de las principales fuentes de sustento para las familias de esta zona del nordeste antioqueño.
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Tras conocerse lo ocurrido, la administración municipal coordinó el envío de personal para adelantar los actos urgentes, entre ellos la inspección técnica de los cuerpos y su traslado a la morgue local, en medio de las dificultades de acceso que caracterizan a estas áreas rurales.
Zona en disputa y antecedentes de violencia
El caso ha generado especial preocupación por el entorno en el que ocurrió. Amalfi es un municipio donde confluyen distintos actores armados ilegales, entre ellos estructuras asociadas al denominado frente 36 de las disidencias de las Farc y el ELN, organizaciones que mantienen una disputa por el control territorial en esta parte del departamento.
La gravedad del hecho también se dimensiona por los antecedentes recientes de violencia en la zona. En sectores cercanos, durante 2025, se registró un ataque contra un helicóptero de la Policía que dejó un alto número de uniformados muertos, lo que evidenció la capacidad armada de estos grupos y la complejidad del orden público.
En respuesta a este nuevo crimen, unidades del Ejército y otras autoridades continúan desplegadas en el municipio, desarrollando operaciones con el objetivo de contener la acción de las estructuras ilegales y recuperar el control en las áreas más afectadas.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades, el doble homicidio deja en evidencia las condiciones de riesgo que enfrentan las comunidades rurales en esta región, donde la presencia de actores armados sigue impactando de manera directa la vida de la población civil.
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