Un detalle de la directora de grupo para los estudiantes de 11 del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, situado en la vereda Acapulco, del municipio de Girón; un lápiz y el borrador, ya podrán ser usadas, gracias a las gestiones del ICFES
Minuto30.com . Un indignante caso de presunta apropiación de recursos ajenos ha truncado los sueños universitarios de un grupo de jóvenes de grado once. Estudiantes y padres de familia del Colegio Miguel Sánchez Hinestroza, ubicado en la zona rural de la vereda Acapulco, denunciaron que no fueron inscritos para las pruebas Icfes (Saber 11) debido a que los dineros recaudados al interior de la institución nunca llegaron a su destino.
El drama para estas familias campesinas, que con gran esfuerzo lograron reunir el valor de la inscripción desde el mes de marzo, estalló el pasado 10 de julio. Ese día, cuando el Icfes habilitó la plataforma para consultar las citaciones, los alumnos descubrieron que no aparecían en el sistema.
Comprobante de pago de uno de los padres afectados, por lo que sería la indelicadeza de la funcionaria del colegio rural. Foto: Cortesía
Ante la angustia de los estudiantes, las directivas del plantel convocaron a los afectados a una reunión extraordinaria el pasado sábado 18 de julio. Allí, recibieron la peor de las noticias.
Estos son los datos clave de la denuncia que hoy exigen investigar:
La presunta responsable: Según denunciaron los padres, en la reunión se les informó que la secretaria de la institución, presuntamente, habría ejecutado la apropiación de recursos ajenos, quedándose con la plata de las inscripciones.
Fechas ignoradas: Aunque los padres pagaron en marzo, los plazos del Icfes pasaron desapercibidos. El plazo ordinario cerró el 12 de mayo y el extraordinario el 22 de mayo, sin que el colegio reportara la anomalía.
El clamor de las víctimas: Los estudiantes, hoy excluidos del examen estatal, lanzaron un angustioso llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades locales: «Somos un colegio rural que merecemos ser vistos».
Por el momento, los jóvenes no pueden presentar el examen, un requisito obligatorio para acceder a la educación superior en Colombia, mientras las familias exigen que las autoridades competentes asuman la investigación penal y se brinde una solución extraordinaria para no perjudicar el futuro de los bachilleres.
Un detalle de la directora de grupo, el lápiz y el borrador, se quedó sin uso, tristemente, a causa de una indelicadeza
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