Foto de archivo.
El Ministerio de Hacienda del gobierno de Petro ha encendido las alarmas en el sector financiero y entre millones de usuarios con un proyecto de decreto que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos y transacciones realizadas a través de plataformas digitales como Bre-B, Nequi y Daviplata. La medida, que según la cartera no es un impuesto nuevo sino un ajuste normativo, ha sido calificada como una “señal pésima” por gremios y expertos, quienes advierten sobre un impacto negativo en la inclusión y formalización financiera del país.
La justificación del Gobierno es equiparar el tratamiento fiscal de las transacciones digitales con el que actualmente se aplica a los pagos realizados con tarjetas de débito y crédito, que ya tienen una retención del 1.5%. Según el Ministerio, esta disparidad generaba un “arbitraje” entre los diferentes métodos de pago.
Inclusión Financiera en Riesgo
La propuesta ha generado un rechazo inmediato por parte de líderes del sector fintech y la banca. Colombia Fintech alertó que imponer una retención a las transacciones de Bre-B —la plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República que acaba de entrar en pleno funcionamiento— podría frenar su adopción masiva y desincentivar la formalización económica, especialmente entre micronegocios y pequeños comerciantes.
Para estos pequeños comercios, una retención del 1.5% significa un golpe directo a su flujo de caja y sus utilidades, lo que, según los críticos, incentivará el retorno al uso del efectivo y la informalidad. Precandidatos presidenciales como David Luna también han cuestionado la medida, calificándola de “mala idea” y señalando que castiga la interoperabilidad y la competencia.
El Ministerio de Hacienda aclaró que la retención no se practicará si el pago no constituye un ingreso tributario para el receptor y no estará sometida a la retención a las personas naturales que no sean responsables del IVA. Sin embargo, el proyecto de decreto, que se encuentra en fase de publicación para comentarios y observaciones, ha abierto una profunda grieta en el debate sobre cómo se debe impulsar la digitalización económica en Colombia.
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