La Contraloría General de la República, por intermedio de la Dirección de Investigaciones 1, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4.636 millones de pesos, a título de culpa grave, contra la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá -Urapalma- S.A., por detrimento patrimonial causado al Banco Agrario de Colombia.
Los hechos se remontan a 2001, cuando esta entidad bancaria le otorgó a Urapalma dos créditos respaldados por garantías hipotecarias que no se pudieron hacer efectivas en su momento, por resultar sobre predios cuyos supuestos dueños, socios de dicha empresa, perdieron la titularidad por incurrir en múltiples irregularidades administrativas y penales.
De acuerdo con varias sentencias judiciales, los predios que respaldaban los créditos otorgados por el Banco Agrario fueron despojados ilegalmente a comunidades nativas del municipio de Riosucio (Chocó), de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, desplazadas primero por grupos paramilitares.
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En cuanto a las garantías hipotecarias, las medidas de embargo solicitadas para satisfacer el pago de las obligaciones, no fueron inscritas debido a que varios de los predios tenían el folio de matrícula correspondiente cerrado por orden de la Fiscalía General de la Nación, por conductas relacionadas con desplazamiento forzado, paramilitarismo y falsedades registrales.
Tal situación hizo que no se pudiera hacer efectiva la garantía ofrecida, perdiéndose los recursos públicos.
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