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La jornada electoral del pasado 8 de marzo en Colombia dejó al menos 864 incidentes en distintos puntos del país, según el balance entregado por la Defensoría del Pueblo.
El organismo informó que durante las elecciones legislativas se presentaron diferentes irregularidades, que incluyeron desde puestos de votación con jurados incompletos hasta presencia de publicidad política cerca de las urnas, además de denuncias por compra de votos y presiones de grupos armados.
Aunque la entidad señaló que la jornada de elecciones se desarrolló de manera general con normalidad, también advirtió que persisten “retos estructurales y operativos” en el sistema electoral del país.
Entre los incidentes más frecuentes registrados por la Defensoría del Pueblo se destacan:
Las autoridades también informaron la incautación de $3.760 millones de pesos, dinero que presuntamente iba a ser utilizado para comprar votos, lo que evidenciaría la existencia de redes de corrupción electoral.
Uno de los hechos ocurrió tras combates entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, que dejaron siete personas heridas y generaron temor entre las comunidades, afectando el acceso a las urnas.
Además, en Aracataca, en el departamento del Magdalena, un hostigamiento armado registrado el 6 de marzo provocó temor entre los habitantes del resguardo indígena Serankua.
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La entidad también advirtió que en departamentos como Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Huila, Nariño y Norte de Santander se reportaron presiones de grupos armados a favor de determinadas candidaturas, denuncias que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
“Aunque no se trata de hechos generalizados en todo el país, sí muestran que en algunos territorios donde persiste la presencia de actores armados ilegales las elecciones siguen desarrollándose en un contexto de riesgo”, indicó la entidad.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación informó que recibió 1.465 quejas durante la jornada electoral, muchas de las cuales ya fueron tramitadas y otras tendrán atención prioritaria.
“La preocupación central no es sobre la realización de la jornada, sino el riesgo de que en algunos territorios se consolide una democracia meramente formal debido a la presión de grupos armados”, afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.
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