Foto de archivo y de la UNP.
El panorama judicial en Colombia se sacude tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación, que ha decidido llamar a responder formalmente a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien deberá enfrentar cargos el próximo 11 de febrero por su presunta responsabilidad omisiva en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado sicarial el año pasado.
La determinación del ente acusador marca un hito en la historia reciente del país, al ser Rodríguez el primer alto funcionario del actual Gobierno en ser procesado penalmente por las fallas en el esquema de seguridad que derivaron en el crimen.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá, al jefe de la UNP se le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y tentativa de homicidio, bajo la tesis de que se ignoraron múltiples alertas y solicitudes para reforzar la protección del líder del Centro Democrático antes de que fuera atacado.
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El expediente señala que el magnicidio no fue un hecho aislado, sino el resultado de lo que la justicia califica como “mezquindad” estatal.
El abogado de la familia de la víctima, Víctor Mosquera, ha sostenido con vehemencia que en más de diez ocasiones se pidió protección adicional para el político de 39 años, peticiones que habrían sido desatendidas por la entidad encargada de velar por la vida de los personajes públicos en riesgo.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado 7 de junio mientras participaba en un acto público en el parque El Golfito, en el norte de la capital.
Un adolescente de 15 años fue el encargado de accionar una pistola Glock contra el precandidato, quien falleció semanas después en la Fundación Santa Fe. Mientras que las investigaciones apuntan a la “Segunda Marquetalia” como autores intelectuales, la lupa judicial ahora se centra en la cadena de mando de la UNP y en por qué el esquema de seguridad fue insuficiente para evitar la tragedia.
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