Foto: Caracol Rdio
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) reiteró su preocupación frente a la declaratoria de Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional y advirtió sobre los efectos que tendría en el sector licorero y en las finanzas regionales. Según la entidad, las nuevas disposiciones tributarias podrían representar una carga fiscal de hasta el 90 %, un nivel que consideran inviable para la sostenibilidad de la industria.
Entre los principales cambios se encuentra el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las bebidas alcohólicas, que pasaría del 5 % al 19 %, además de un incremento significativo en los componentes del impuesto al consumo. Para la FLA, esta combinación tendría un impacto directo en los costos de producción y en el precio final para los consumidores.
El gerente de la Fábrica, Esteban Ramos, cuestionó el destino de los recursos que se recaudarían con estas medidas y aseguró que se estaría afectando directamente a las regiones. “Con esta medida, el Gobierno se está apropiando de recursos que deben ser destinados a la salud y la educación, para utilizarlos en gastos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, lo cual va en detrimento de las finanzas de las regiones”, afirmó.
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La empresa también explicó cómo se verían reflejados estos cambios en los precios. Una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros, que actualmente paga alrededor de 17.500 pesos en impuestos, pasaría a pagar cerca de 33.000 pesos, lo que representaría un incremento cercano al 50 % en el valor para el consumidor. En el caso del Ron Medellín, el aumento estimado sería del 48 %.
Ramos advirtió que las consecuencias no serían solo económicas. “Esta emergencia decretada por el Gobierno Nacional, además de representar un riesgo significativo para la estabilidad económica de las regiones, tendrá efectos adversos sobre la salud pública al propiciar un incremento desmedido en el consumo de licor adulterado”, señaló. Asimismo, alertó que la situación podría incentivar el contrabando, afectando de manera grave los ingresos de los entes territoriales.
Desde la FLA insistieron en que las medidas, tal como están planteadas, ponen en riesgo la sostenibilidad del sector licorero legal y debilitan una de las principales fuentes de financiación para programas sociales en los departamentos.
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