Después del sismo: la evaluación estructural no es opcional

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, dejó cerca de 290 personas fallecidas, unas 4.000 heridas y más de 370 desaparecidas, con afectaciones en 14 departamentos y más de 400 municipios (UNGRD, 2026). Como ingeniero civil, quiero detenerme en lo que suele quedar en segundo plano cuando pasa la emergencia y que definirá cuántas vidas se salvan en la próxima réplica: la evaluación estructural de lo que quedó en pie.

El mapa del daño es amplio. Cali concentra la mayor afectación entre las capitales, con decenas de estructuras desplomadas y varias instituciones de salud evacuadas por fallas estructurales, incluido el colapso parcial de un hospital de referencia. Pereira sumó decenas de víctimas y cientos de desaparecidos; Manizales, miles de viviendas averiadas y daños en su catedral y en sedes universitarias; Armenia, decenas de edificios colapsados. Quibdó, Quimbaya y numerosos municipios del Eje Cafetero y del Valle completan un panorama de miles de familias damnificadas.

En lo económico, las estimaciones preliminares coinciden en un orden de magnitud considerable: el costo de la reconstrucción se calcula en torno al 1 % del PIB —del orden de 20 billones de pesos— según cálculos iniciales de la banca de inversión (Portafolio, 2026). Son cifras provisionales que tenderán a crecer: los costos de reforzamiento, demolición controlada y reposición aparecen semanas después, cuando concluyen las evaluaciones. La historia lo confirma: la reconstrucción del Eje Cafetero tras el sismo de 1999 tomó años, y la de Mocoa aún no concluye. Con una baja penetración del seguro contra terremoto, el grueso de la factura recaerá sobre el Estado y sobre los hogares. Cada peso mal invertido por una evaluación deficiente es un peso que habrá que gastar dos veces.

Frente a esto, lo primero que debemos entender como sociedad es que una edificación que no se cayó no es necesariamente segura. El sismo somete a las estructuras a esfuerzos muy superiores a los de su uso cotidiano, y los daños más peligrosos no son visibles a simple vista: fisuras en columnas y nudos, plastificación del acero de refuerzo, pérdida de recubrimiento, desplomes imperceptibles. Un muro agrietado puede ser cosmético o puede indicar que el sistema estructural quedó comprometido. Distinguirlo es tarea de un ingeniero, no del ojo del propietario.

Por eso insisto en un mensaje urgente: ninguna edificación que haya sentido con fuerza el sismo debería preocuparse sin evaluación profesional. Aplica con especial rigor a las edificaciones indispensables —hospitales, clínicas, colegios— que la Norma Sismo Resistente colombiana (NSR-10) clasifica en los grupos de mayor importancia. Que varios hospitales hayan quedado inoperativos es una alarma que no podemos normalizar: son justamente las estructuras que deben seguir funcionando después del desastre.

La evaluación debe hacerse por etapas. Primero, una inspección rápida de habitabilidad con el semáforo conocido: verde para ocupación normal, amarillo para acceso restringido, rojo para evacuación inmediata. Luego, donde se amerite, una evaluación detallada con levantamiento de daños, revisión de planos estructurales, ensayos de materiales y un dictamen sobre reforzamiento, reparación o demolición. Improvisar aquí cuesta vidas.

Este momento también desnuda una realidad incómoda de nuestro parque construido. Buena parte de las viviendas del país —sobre todo la autoconstrucción informal en laderas— se levantó sin licencia, sin diseño sismo resistente y sin supervisión técnica. No es casualidad que el daño se concentre donde el control urbanístico ha sido más débil. Cumplir la NSR-10 y supervisar técnicamente la obra no son trámites: son la diferencia entre una casa que protege y una que sepulta.

Hago, entonces, un llamado. A mis colegas: pongamos el conocimiento al servicio del país con rigor y ética, sin firmar lo que no hemos verificado. A las autoridades: coordinen cuerpos de ingenieros evaluadores y no permitan preocupaciones apresuradas por presión social o económica. Y a la ciudadanía: desconfíe de la calma aparente y exija que un profesional revise su vivienda antes de volver.

Reconstruir no es solo remover escombros y levantar muros nuevos. Es asegurarnos de que lo que sigue en pie realmente resista y de que lo nuevo se construya como debe ser. La ingeniería civil existe para eso: para que cuando la naturaleza vuelva a sacudirnos —porque volverá— encuentre un país preparado.