Hijo de Diomedes Díaz acepta cargos por secuestro y tortura; fue enviado a prisión domiciliaria

Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otras cinco personas fueron judicializados por su presunta participación en el secuestro y las agresiones contra un cobrador de una empresa de préstamos bajo la modalidad de ‘gota a gota’. Los procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y permanecerán con medida de aseguramiento en sus lugares de residencia mientras un juez define el preacuerdo alcanzado con el ente acusador.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, señala que la víctima habría sido retenida ilegalmente luego de ser acusada de la desaparición de una suma de dinero que, según los involucrados, oscilaba entre los 15 y los 30 millones de pesos.

Así habría ocurrido la retención

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía General de la Nación, un grupo integrado por al menos 20 personas llegó hasta la vivienda del cobrador y, presuntamente, lo obligó a salir bajo amenazas con armas de fuego dirigidas tanto contra él como contra su familia.

Posteriormente, el hombre habría sido llevado a una vivienda ubicada en el barrio Las Granjas, en el municipio de Soledad, Atlántico, donde permaneció privado de la libertad.

Durante el tiempo que estuvo retenido, la víctima, según la investigación, fue sometida a múltiples agresiones físicas. El expediente indica que recibió golpes en diferentes partes del cuerpo con tubos y tablas, sufrió una herida en una de sus manos causada con una navaja y también habría sido golpeado con la cacha de un arma de fuego. Además, tanto él como sus familiares fueron amenazados de muerte para obligarlo a aceptar la supuesta pérdida del dinero y revelar dónde se encontraba.

También habrían presionado a la familia

La Fiscalía sostiene que, mientras la víctima permanecía retenida, algunos de los hoy procesados contactaron a sus familiares para exigirles que respondieran por el dinero presuntamente desaparecido.

Como parte de esas exigencias, también habrían solicitado que una vivienda registrada a nombre del padre de la víctima fuera transferida como forma de pago. Finalmente, el hombre recuperó la libertad.

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Fiscalía atribuye distintos roles a los procesados

Entre los judicializados figura Luis Mariano Díaz González, quien, según los elementos materiales probatorios, habría sido el presunto determinador de la retención ilegal y uno de los participantes en las agresiones contra la víctima.

La investigación también señala que Stiven Bolaños habría coordinado las agresiones; Alexis Jiménez sería quien convocó a los demás participantes y organizó la retención; Dairo Tirado presuntamente intervino en el traslado, la custodia y las agresiones; mientras que Keiner Rocha y José David Martínez habrían participado en la vigilancia de la víctima, las amenazas y los actos de violencia durante el cautiverio.

Aceptaron los cargos y cumplirán medida en sus viviendas

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro simple agravado y tortura. Durante las audiencias, los seis procesados aceptaron los cargos mediante un preacuerdo suscrito con el ente investigador.

La juez Novena Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla avaló la solicitud de imponer medida de aseguramiento en lugar de residencia mientras un juez de conocimiento estudia y decide si aprueba el acuerdo alcanzado entre las partes.

En caso de ser avalado, el preacuerdo contempla una pena de 70 meses de prisión, equivalente a cinco años y diez meses.

La funcionaria judicial también dispuso que la medida de aseguramiento sea acompañada por un mecanismo de vigilancia electrónica para reforzar el control sobre los procesados por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Hubo un acto de reparación a favor de la víctima

Como parte del proceso, los seis implicados realizaron un acto de reparación consistente en el pago de 10 millones de pesos a favor de la víctima.

La información fue divulgada por la Fiscalía General de la Nación por tratarse de un caso de interés general y mientras continúa el trámite judicial para que un juez de conocimiento determine si avala el preacuerdo suscrito entre el ente acusador y los procesados.