Foto de archivo.
La Defensoría del Pueblo confirmó este sábado 15 de noviembre que seis menores de edad murieron durante las operaciones militares desarrolladas en el bombardeo en Guaviare contra la facción de alias Iván Mordisco.
Las muertes, ocurridas esta semana en medio de una ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro, reavivaron la polémica sobre el uso de bombardeos en campamentos donde podría haber población reclutada de manera forzada.
Según explicó la Defensoría, dirigida por Iris Marín Ortiz, este hecho “profundamente lamentable” obliga a reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites estrictos incluso en medio de hostilidades.
El Gobierno confirmó que en el operativo murieron 19 personas, sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la identificación de las víctimas (incluyendo la verificación de si había menores entre las bajas) está ahora en manos de Medicina Legal.
El ministro sostuvo que, bajo el DIH, toda persona en situación de combate constituye un blanco lícito. No obstante, la Defensoría del Pueblo rechazó que los grupos armados ilegales continúen utilizando menores como escudos humanos y pidió a las Fuerzas Militares adoptar todos los protocolos posibles para evitar afectaciones a esta población, incluso cuando haya sido obligada a participar de las hostilidades.
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La entidad también cuestionó si, en este caso concreto del bombardeo en Guaviare, era posible emplear otros métodos menos lesivos que evitaran un resultado fatal para los menores reclutados por las disidencias.
Mientras aumenta la tensión y se esperan detalles sobre la identidad de los seis menores fallecidos, las Fuerzas Militares no han entregado un pronunciamiento oficial adicional.
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