Foto: @petrogustavo.
En Buriticá, Antioquia, las autoridades realizaron un operativo masivo contra la minería ilegal con la participación de 140 miembros de la Séptima Brigada del Ejército y 120 agentes de la Policía Nacional, apoyados por posiciones artilladas y operaciones con drones. Durante la intervención se incautaron 14 inmuebles que contaban con túneles ilegales para la extracción de oro, cuyo valor anual se estima en tres billones de pesos.
Según informó el presidente Gustavo Petro, el oro extraído ilegalmente era comercializado por el Clan del Golfo para financiar actividades de grupos armados y la compra de armas en la región. Las autoridades destacan que estas economías ilícitas constituyen la base del poder de las organizaciones criminales.
Como parte de la estrategia de sustitución de la economía ilegal por actividades legales, los túneles incautados serán titulados a cooperativas de pequeños mineros con tradición en Buriticá, bajo supervisión de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo de la minería formal.
El gobierno comprará el oro producido por estas cooperativas a un precio ligeramente inferior al internacional, asegurando el pago de regalías a los municipios auríferos. Los miembros de las cooperativas deberán cumplir con aportes a salud y pensiones de acuerdo con sus estatutos.
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Se prevé además fortalecer la infraestructura y servicios en la región: la Nueva EPS operará en Buriticá, y se mejorarán hospitales, puestos de salud y colegios. También se proyecta la llegada de programas universitarios con enfoque en minería, mientras se mantiene la vocación agraria de otras zonas para evitar la especulación inmobiliaria.
La Agencia Nacional Minera tendrá como prioridad la titulación de pequeños mineros, garantizando que esta actividad se gestione de manera continua.
En paralelo, el Clan del Golfo ha iniciado un proceso de mediación con apoyo del emirato de Qatar para explorar una salida sociojurídica a la actividad ilegal. La región del Darién colombiano ha sido identificada como zona de transición, donde se implementarán medidas para sustituir economías ilícitas del oro y cultivos ilícitos de hoja de coca, con presencia inmediata de entidades estatales y ampliación de la policía de paz para proteger los territorios.
El plan contempla que la economía legal que sustituya la actividad ilícita pueda incluir sectores como el turismo y proyectos de infraestructura, como el tren intercontinental, que actualmente se encuentra en fase de factibilidad.
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