Al cumplir un mes al frente del Ejecutivo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la cancelación definitiva de todos los procesos de conversación y espacios sociojurídicos con estructuras criminales e insurgentes heredados de la administración anterior, marcando un viraje hacia una doctrina de seguridad centrada en la autoridad.
A través de un comunicado oficial, el jefe de Estado fundamentó la decisión en un balance crítico de las negociaciones previas, señalando que en el cuatrienio anterior se destinaron más de 7.000 millones de pesos en estipendios para gestores y representantes. Según la postura gubernamental, este esquema derivó en el fortalecimiento de las organizaciones ilegales y en un aumento de las agresiones contra la población civil y la Fuerza Pública.
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Dentro del nuevo marco institucional, la Casa de Nariño ratificó que no se otorgará estatus político, atenuantes ni beneficios de impunidad a ningún grupo al margen de la ley. La administración fijó como única vía el sometimiento formal a las autoridades judiciales bajo la amenaza del despliegue de las fuerzas del Estado.
«La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales», enfatizó el mandatario en su declaración, dando por cerrada la etapa de diálogos políticos y reorientando la estrategia de orden público hacia la aplicación estricta de la ley.
SE ACABÓ LA FALSA PAZ.
En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas.
Durante cuatro años se gastaron más de $7.000… pic.twitter.com/1SORDJUXou
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026
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