Unas 59 personas fueron detenidas en un operativo contra la minería ilegal que incluyó un enorme despliegue de militares y policías, según el Ministerio de Defensa, que calificó la acción como “el más duro y contundente golpe” contra esta actividad en los últimos diez años.
Entre los detenidos hay 12 presuntos miembros de la guerrilla de las Farc y un número no precisado de brasileños que participaban en actividades de minería ilegal en zonas selváticas de la frontera común.
La operación, denominada “Anostomus”, fue detallada en una rueda de prensa encabezada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y altos mandos militares y de la Policía.
En total 600 militares, policías y agentes de la Fiscalía llevaron a cabo la misión, en la que estuvieron apoyados por 22 aeronaves y casi una decena de embarcaciones que peinaron centenares de kilómetros de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá.
Como resultado fueron detenidas en varios de estos territorios 59 personas y además se destruyeron nueve campamentos y ocho laboratorios, entre otros.
La Fiscalía añadió que la Policía Judicial se incautó de 54 dragas, motores y varias plantas eléctricas que permitían la explotación ilícita de minerales.
Según explicó el Ministerio de Defensa, entre los delitos que se les imputan a los detenidos figuran invasión de área protegida, porte ilegal de armas de fuego, daño de recursos naturales agravado y contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero.
Los detenidos extraían ilegalmente oro o minerales estratégicos como tungsteno, wolframio, tantalio, niobio y coltán, considerados en Colombia de “interés nacional” por su uso en las industrias de las comunicaciones y la tecnología para fabricar teléfonos celulares.
En el proceso, detalló el Ministerio, generaban “contaminación ambiental al suelo y al recurso hídrico y contaminación física por sedimentación”.
Por su parte, el director de Fiscalías Nacionales, Jesús Orlando Ospitia, manifestó que esta acción se encuadra dentro de los trabajos que diversas entidades estatales realizan para proteger el medio ambiente de los depredadores que destruyen las selvas y deforestan el terreno.
Según Ospitia, los detenidos serán procesados “por afectación al medio ambiente, por explotación ilícita de minerales y también por concierto para delinquir”.
“Fueron varias intervenciones que comenzaron el 27 de abril con el apoyo de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la Fiscalía, agregó el funcionario sobre la operación.
Las autoridades indicaron que con esta operación se desarticula la red de finanzas ilegales de dos frentes y una compañía de las FARC, que mensualmente recibían 20.050 millones de pesos (casi 8,4 millones de dólares) por la producción en el sector de Cerro Tigre, Campo Alegre y Serranía de Naquén.
Si se analiza lo que aportaba mensualmente cada territorio, de la extracción de tungsteno, la guerrilla recibía 4.500 millones de pesos (unos 1,8 millones de dólares); en
Campo Alegre el oro les reportaba 13.050 millones de pesos (unos 5,4 millones de dólares) y en Naquén se obtenían 2.500 millones de pesos (cerca de un millón de dólares), según la información. EFE
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