Foto de Alcaldía de Bogotá.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó duramente la carta firmada por más de 30 congresistas de partidos como el Pacto Histórico, Comunes, Mais y Alianza Verde, en la que solicitan la libertad de 11 jóvenes capturados y señalados de participar en actos de vandalismo en Bogotá, relacionados con disturbios y ataques durante movilizaciones.
Según el mandatario, los firmantes desconocen la magnitud y el rigor del proceso judicial adelantado contra los implicados.
Galán recordó que se trata de una investigación de más de dos años, desarrollada de manera técnica y metódica, que ya fue evaluada por dos jueces de la República, quienes avalaron tanto las capturas como la medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a la solidez del material probatorio.
El alcalde fue enfático en señalar que los hechos atribuidos a los integrantes de la estructura conocida como PPP (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo) no corresponden a manifestaciones legítimas.
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“Esto no es protesta ni expresión social; es violencia, terrorismo y concierto para delinquir”, afirmó, al insistir en que en Bogotá no se permitirá la impunidad frente a quienes ponen en riesgo la vida de ciudadanos y afectan el sistema de transporte público.
De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el expediente incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos, agentes encubiertos y 13 allanamientos en distintas localidades. Las autoridades aseguran que esta evidencia permitió identificar roles, jerarquías y el modo de operación del grupo.
La investigación indica que los señalados se infiltraban en universidades públicas, donde fabricaban artefactos explosivos artesanales como papas bomba y cocteles molotov, utilizados posteriormente en ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del SITP y miembros de la Fuerza Pública.
Entre los capturados figura un presunto cabecilla, conocido como alias ‘Salvatore’, vinculado a múltiples hechos violentos entre 2024 y 2025.
Durante los operativos, las autoridades incautaron material explosivo, pólvora, dispositivos electrónicos y prendas usadas en los ataques. A los detenidos se les imputaron delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado y perturbación del transporte público.
En contraste, los congresistas firmantes sostienen que los jóvenes son víctimas de criminalización de la protesta y solicitan que enfrenten el proceso en libertad.
Sin embargo, la Policía reiteró que el caso está sustentado en evidencia técnica y judicial y que continuará actuando contra el vandalismo en Bogotá y los delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana.
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