¡Frontera en alerta! Transportadores de Colombia y Ecuador anuncian marcha ante el impacto de los aranceles

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la entrada en vigor, este 1 de febrero, de medidas arancelarias del 30 % entre ambos países. La decisión ya comenzó a sentirse en la frontera, donde se reportan congestiones, incertidumbre en la cadena logística y una creciente preocupación por los impactos económicos y de seguridad.

En las horas previas a la aplicación de los nuevos aranceles, largas filas de camiones se registraron en los accesos al Puente Internacional de Rumichaca, principal paso terrestre entre ambos países. Transportadores intentaron movilizar mercancías antes de que las nuevas tarifas incrementaran los costos de exportación e importación. Aunque se habilitaron procedimientos aduaneros extraordinarios, una parte considerable de la carga quedó represada.

Impacto económico desigual

Gremios empresariales de Nariño advierten que las medidas no afectan de la misma manera a ambos países. Colombia, que exporta más productos hacia Ecuador de los que importa, podría enfrentar un impacto mayor, especialmente en sectores como manufacturas, agroindustria, textiles, calzado y bienes de capital.

Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño, explicó que cerca del 40 % del movimiento comercial fronterizo podría verse afectado, lo que pondría en riesgo empresas y empleos consolidados durante años. Según el dirigente, la pérdida de competitividad frente a productos de otros países, como Perú, podría derivar en una reducción sostenida de las exportaciones colombianas hacia el vecino país.

Transportadores alertan por contrabando e inseguridad

El sector transportador también manifestó su preocupación. Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, señaló a Caracol Radio que Ecuador ya expidió la resolución que impone el cobro del 30 % como tasa de servicios aduaneros, mientras que en Colombia aún no se ha formalizado el decreto equivalente, lo que genera un escenario de incertidumbre operativa.

Romo advirtió que la disminución del flujo legal de mercancías podría incentivar el uso de rutas irregulares, especialmente para productos como el arroz, aumentando el contrabando y los riesgos de seguridad en la zona fronteriza.

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Protesta binacional en Rumichaca

Ante la falta de avances visibles, transportadores colombianos y ecuatorianos anunciaron una movilización conjunta denominada Marcha por la Dignidad Fronteriza. La protesta está prevista para el martes 3 de febrero e incluirá una caravana vehicular y una caminata que confluirá en el Puente Internacional de Rumichaca.

La convocatoria busca reunir a más de mil transportadores de ambos países y tiene como objetivo presionar a los gobiernos para que reactiven el diálogo diplomático y eviten una prolongación del conflicto comercial. Los organizadores sostienen que, en el marco de la Comunidad Andina, este tipo de restricciones contradicen los principios de libre comercio regional.

Un conflicto con trasfondo político y de seguridad

La tensión se originó tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien justificó la imposición de aranceles al argumentar una falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza y una balanza comercial desfavorable. En respuesta, el Gobierno colombiano anunció medidas similares, lo que escaló el conflicto.

Según cifras oficiales citadas por medios nacionales como El Tiempo, Ecuador es uno de los principales destinos de exportación para Colombia, con ventas que superaron los 1.600 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025. Por ello, empresarios coinciden en que una guerra arancelaria prolongada podría afectar gravemente a ambas economías y deteriorar aún más la seguridad en la frontera.

Mientras avanzan los contactos diplomáticos y se evalúa una posible intervención de la Comunidad Andina como mediadora, la frontera permanece en alerta. Transportadores, comerciantes y autoridades locales coinciden en que el tiempo juega en contra y que una salida negociada es clave para evitar mayores pérdidas económicas y sociales.