En la imagen, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (d), y el exministro de Hacienda Guido Mantega (i). EFE/Archivo
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), uno de los entes fiscalizadores de Brasil, declaró que el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff cometió un “delito de responsabilidad” fiscal al usar recursos de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado.
En la imagen, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (d), y el exministro de Hacienda Guido Mantega (i). EFE/Archivo
“No hay duda. Hay un incumplimiento de la ley. Un banco público no puede prestar dinero al Gobierno”, afirmó el relator del proceso en el TCU, Jose Múcio, en declaraciones recogidas por medios locales.
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas de la Unión, entre 2013 y 2014 el Gobierno de Rousseff atrasó “sistemáticamente” el envío de recursos a las entidades públicas Caixa Económica Federal, Banco do Brasil y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.
En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, según explicó el TCU, que calcula que más de 40.000 millones de reales (unos 12.120 millones de dólares) fueron “sacados” por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicas.
“No creo en la mala fe (por parte del Gobierno). En realidad, faltó dinero y se necesitaban pagar las cuentas”, comentó Múcio.
El Tribunal de Cuentas determinó que el Tesoro brasileño pague los recursos debidos a los bancos públicos y aprobó una audiencia con los supuestos implicados en el caso conocido como “pedaleadas fiscales”.
Los 17 gestores citados tendrán 30 días para justificar las prácticas identificadas por el tribunal, las cuales son consideradas ilegales.
Entre las personas que deberán ofrecer explicaciones se encuentra el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini; el exministro de Hacienda, Guido Mantega, y los titulares de Planificación, Nelson Barbosa, y de Trabajo, Manoel Dias, entre otros.
El fiscal general del Banco Central, Isaac Ferreira, minimizó la decisión de la corte de escuchar a representantes de la entidad: “No hay ninguna investigación deflagrada, hay un mero pedido de esclarecimiento. Eso es usual”.
El posicionamiento del TCU fortalece a la oposición, que, según medios locales, podría usar este episodio como argumento para abrir un proceso de destitución contra la presidenta Rousseff. EFE
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