Foto de archivo.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de los noventa, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La decisión judicial también incluye los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares.
La actuación de la Fiscalía responde a un expediente que se remonta a denuncias presentadas hace más de tres décadas y que investiga una posible relación del exmandatario con estructuras paramilitares que habrían operado en la hacienda Guacharacas, además de su eventual responsabilidad en hechos violentos registrados en el municipio de Ituango, Antioquia.
Según el ente investigador, la decisión se adoptó tras el análisis acumulado del proceso y luego de varias acciones judiciales que solicitaban una definición sobre el avance de las investigaciones. El expediente pasó a la justicia ordinaria después de que Uribe renunciara a su curul en el Senado.
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Tras conocerse la determinación, el expresidente Álvaro Uribe rechazó los señalamientos y cuestionó la imparcialidad de la fiscal encargada del caso.
A través de un pronunciamiento público, aseguró que la medida constituye una persecución política y afirmó que no ha tenido la oportunidad de rendir una declaración previa dentro del proceso.
Uribe también sostuvo que el llamado a indagatoria ocurre en un momento cercano a la segunda vuelta presidencial y calificó la situación como una estrategia con motivaciones electorales.
Su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, manifestó además que no se habría respetado el debido proceso, argumentando que el exmandatario debió ser escuchado previamente mediante una versión libre antes de ser citado formalmente a indagatoria.
La investigación continuará en las próximas semanas, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en las diligencias judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad o inocencia del exmandatario.
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