Foto de cortesía.
Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación tomó una decisión radical en el caso que sacude al Ministerio de la Igualdad.
El ente acusador llamó a imputación de cargos a Juliana Guerrero, quien estuvo a un paso de ser designada como viceministra de Juventudes, debido a graves irregularidades en la obtención de sus títulos académicos.
La investigación apunta a que Guerrero habría acreditado su formación como contadora pública y tecnóloga mediante documentos presuntamente fraudulentos emitidos por la Fundación de Educación Superior San José, títulos que fueron anulados por la propia institución tras el estallido del escándalo.
La diligencia judicial también incluye a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la mencionada fundación. Ambos deberán responder por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
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El caso tomó relevancia nacional luego de que la representante Jennifer Pedraza denunciara que Guerrero obtuvo su grado como contadora el 1 de julio de 2025 sin haber asistido a clases ni presentado las Pruebas Saber Pro, un requisito legal indispensable para cualquier graduando en Colombia. Según el Icfes, no existe registro oficial de que la joven haya cumplido con dicho examen de Estado.
Nuevas pruebas aportadas por la congresista Pedraza revelan que Guerrero realizó tres pagos a la universidad después de su supuesta graduación, incluyendo un millón de pesos por derechos de grado a finales de julio de 2025. Estas inconsistencias financieras y académicas llevaron a que la Fundación San José invalidara los diplomas en noviembre pasado.
Por su parte, el Ministerio de Educación confirmó que mantiene abierta una investigación administrativa contra las directivas de la Fundación San José para verificar el incumplimiento de las normas que regulan la educación superior. Mientras Juliana Guerrero sostiene que ya no aspira a cargos gubernamentales, la presión política aumenta para que sea removida de su actual posición directiva en la Universidad Popular del Cesar.
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