Foto sacada de redes sociales.
La justicia colombiana dio un giro determinante este lunes 9 de febrero al radicar formalmente la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
El alto funcionario, quien se desempeñó como gerente de la campaña «Petro Presidente» en 2022, es el primer gran implicado en responder penalmente por el escándalo de presunta violación de topes electorales que ha rodeado al Ejecutivo desde hace años.
La decisión, tomada por la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, marca un hito en las investigaciones sobre la transparencia de los recursos que llevaron al actual mandatario a la Casa de Nariño.
De acuerdo con las fuentes del ente acusador, la responsabilidad de Ricardo Roa radica en su rol como máximo ordenador del gasto durante la contienda electoral. Al parecer, el directivo no habría llevado un control estricto de los documentos contables de la campaña, permitiendo que se superaran los límites financieros permitidos por la ley.
Esta investigación se suma a las que ya cursan contra otros altos perfiles, como el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien también permanece bajo la lupa por el manejo de las cuentas electorales en diferentes regiones del país.
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Sin embargo, los problemas judiciales para el presidente de la petrolera estatal no terminan ahí. La Fiscalía también imputará cargos relacionados con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.
Según las pesquisas, Roa habría adquirido el inmueble bajo un pacto irregular que buscaba favorecer al coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, con millonarios convenios dentro de Ecopetrol una vez Roa asumiera la presidencia de la compañía. Este capítulo de presunto tráfico de influencias y corrupción privada fue destapado tras un riguroso seguimiento a los movimientos financieros de Mancera.
Pese a la gravedad de los delitos que se le atribuirán por su gestión en la campaña y sus negocios personales, fuentes cercanas al proceso confirmaron que, por el momento, no se solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el directivo.
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Durante el procedimiento, los involucrados exigieron $150 millones al propietario para evitar su judicialización.
La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas mientras el comunicador permanece bajo atención médica.