Fiscalía creó estrategia para atacar el crimen en departamentos que están sobre las grandes cuencas hidrográficas del oriente del país

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que se lanzó una estrategia diferencial contra el crimen en los departamentos ubicados sobre las grandes cuencas hidrográficas del país; además, dieron golpe al patrimonio de los responsables de proxenetismo en Guainía.

De acuerdo a la Fiscalía, en trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional serán definidos planes de trabajo investigativos para bloquear los corredores fluviales de la criminalidad.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y su equipo directivo, llegaron a Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés). Durante la visita, realizaron una verificación de los fenómenos criminales que más afectan al extremo oriental del país y constataron las dificultades investigativas en un área geográfica extensa y diversa, en el límite fronterizo con Venezuela.

El objetivo inicial de esta estrategia será bloquear, con acciones investigativas y judiciales, los corredores del delito, esos afluentes utilizados para el tránsito de narcóticos, insumos y contrabando, o que han sido golpeados con inclemencia por la minería ilegal y otras conductas que deterioran los recursos naturales.

Para garantizar el éxito de las actividades previstas, la Fiscalía dispondrá de una flotilla de lanchas. Vichada, Guainía y Guaviare serán los departamentos piloto de este modelo fluvial, que estará articulado con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Una semana después de tomar posesión en el cargo, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, viajó a Inírida (Guainía) para atender de primera mano una denuncia que daba cuenta de explotación sexual de niñas y adolescentes de la región, muchas eran integrantes de comunidades indígenas.

En su momento se dispuso la creación de un equipo especializado de la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) para dar celeridad a las investigaciones. Un mes después, el 21 de marzo, 17 personas que estarían vinculadas a estos hechos fueron capturadas y judicializadas, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública, docentes y comerciantes.

Gracias al material de prueba que da cuenta de la manera en la que algunas menores de edad fueron inducidas a actividades de tipo sexual, a cambio de dinero, comida u hospedaje, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que habrían sido utilizados para el ilícito.

Entre las propiedades afectadas, cuyo valor ascendería a 2.000 millones de pesos, hay 9 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los barrios Al Aeropuerto, Berlín, Los Libertadores, Las Américas y Comuneros; así como los establecimientos de comercio.

En estos sitios, al parecer, se vendieron bebidas alcohólicas y auspiciaron fiestas y encuentros sexuales con algo más de 40 niñas y adolescentes.