Foto: Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían relacionados con seis personas investigadas por el entramado de corrupción detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, luego de varias diligencias orientadas a identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados en el direccionamiento de contratos y la posible desviación de recursos destinados a la atención de emergencias.
Según la Fiscalía, los activos corresponden a 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. El valor preliminar de los bienes alcanza cerca de 20.000 millones de pesos.
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Entre las personas relacionadas con los activos están los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Las medidas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios. Las diligencias son realizadas por funcionarios del CTI, con apoyo del Ejército Nacional.
En el caso de Iván Name, cuatro activos ubicados en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó fueron cobijados con las medidas. En uno de ellos, la actuación recae únicamente sobre el 33% de la propiedad que le correspondería.
A Andrés Calle le fueron relacionados cuatro inmuebles en Montería. También aparecen propiedades vinculadas a Olmedo López en Medellín, Sneyder Pinilla en Sabana de Torres y Pedro Rodríguez en Tabio.
Por su parte, siete bienes localizados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta estarían relacionados con Luis Eduardo López Rosero. Entre ellos figuran sociedades que son materia de investigación por su posible utilización en operaciones relacionadas con la contratación de la UNGRD y el movimiento de recursos.
La Fiscalía señaló que la investigación patrimonial busca establecer el origen, destinación y relación de estos activos con los hechos investigados dentro del caso de corrupción de la entidad.
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