Fiscalía anuncia revisión de todos los casos de agresión a personas con ácidos

La Fiscalía General de la Nación revisará cada una de las denuncias que por agresiones con ácido han ocurrido para establecer cuándo ha habido fallas en la apreciación de la ley a la hora de imputar y condenar. Asimismo, en las 102  investigaciones sobre esta situación se harán imputaciones con el máximo rigor que da la ley nacional.

La aclaración la hizo el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, durante una sesión en la Comisión II de Senado en la que se debatió el tema de los ataques sufridos por las personas con ácidos y otras sustancias corrosivas.

El funcionario explicó que las diferencias con las cifras de más de 900 casos reportados por Medicina Legal radica en que allí están incluidos los casos de accidentes y otras situaciones, pero no se trata exclusivamente de agresiones con intención de causar daño a las personas, en tanto que lo reportado por la Fiscalía se refiere a situaciones penales.

Por otra parte, el Vicefiscal aseguró que serán estudiados los casos presentados para saber si se han aplicado bien las normas. “Es un compromiso con las víctimas revisar en cada caso si se aplicó la justicia correctamente y si todavía está en nuestras manos hacer algún correctivo”, enfatizó.

Para Perdomo, la existencia de estos 102 casos genera una pregunta. “¿Es necesario crear un tipo penal aútónomo cuiando tenemos 102 casos de esta situación?”.

A los congresistas, Perdomo les dijo que pueden contar con el apoyo y el trabajo de la Fiscalía si ellos consideran que debe establecerse algún tipo penal autónomo. “Como Fiscalía queremos ayudar a que la política contra estos actos execrables sea una política coherente de Estado. Esto no se reduce a cuánta pena o cuántos años de cárcel”.

En este momento, dijo el funcionario, se están generando unos modelos de gestión en las seccionales para ayudar a las personas para que se sientan respaldadas y para que sientan que la justicia les respalda.

Además, hizo una exhortación a los jueces de la República con el fin de que la interpretación legal sea más acorde con los hechos para que casos de agresiones con ácido y otros corrosivos no queden en la impunidad por una apreciación errónea en los juzgados.