Foto: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 miembros de la fuerza pública y cinco terceros civiles como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién entre 1986 y 2002.
Se trata de la primera decisión del Caso 04 que vincula simultáneamente a guerrilla, fuerza pública y civiles en la comisión de violencias sistemáticas para controlar el territorio.
Tres patrones criminales revelan cómo se disputó Urabá
Según la Sala de Reconocimiento, en la región operó una dinámica articulada de guerra entre distintos actores armados —y civiles con poder económico— bajo tres grandes patrones:
1. Eliminación por prejuicio enemigo: homicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y violencias sexuales contra personas estigmatizadas como “colaboradoras” del bando contrario.
2. Vaciamiento del territorio para despojo y repoblamiento: desplazamientos masivos, asesinatos y torturas cometidos por militares, paramilitares y terceros civiles para apropiarse de tierras y recursos.
3. Control sociocultural y territorial: especialmente por parte de las Farc-EP, a través de asesinatos, violencia sexual, imposición de normas y cooptación de la vida comunitaria.
Los hechos tuvieron un impacto profundo en comunidades indígenas Emberá, Wounaan, Zenú, Guna Dule y en el pueblo negro y afrocolombiano, que sufrieron afectaciones colectivas, culturales y territoriales.
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Qué determinó la investigación
La JEP analizó 115 informes, 287 expedientes, 32 testimonios, 56 diligencias interculturales y los aportes de 157 comparecientes en 254 sesiones.
Con esa información, logró documentar masacres como las de Honduras y La Negra (1988), Punta Coquitos (1988), la masacre de Pueblo Bello (1990) y los hechos de Bojayá (2002), así como múltiples asesinatos selectivos, desplazamientos y violencias basadas en género.
En el caso de las Farc-EP, la Sala atribuyó 114 homicidios y 23 masacres, además de agresiones sexuales y ataques contra mujeres y personas con orientación e identidad diversa.
¿Quiénes fueron imputados?
Entre los exintegrantes de las Farc imputados están ‘Isaías Trujillo’, ‘Rubén Cano’, ‘Víctor Tirado’, ‘Rubín Morro’, entre otros.
Por la fuerza pública, figuran altos oficiales como el general (r) Alejandro Navas, los mayores generales Edgar Ceballos y Emiro Barrios, y el brigadier general (r) Rito Alejo del Río, además de varios coroneles, tenientes coroneles, mayores y suboficiales.
Los civiles imputados están vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba, incluidos su exgerente Benito Osorio, miembros de junta directiva y un exasesor jurídico. La JEP determinó que participaron en el despojo sistemático de tierras en zonas estratégicas para proyectos ganaderos y agroindustriales.
Lo que viene
Los 34 comparecientes tienen 60 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones.
Quienes reconozcan su responsabilidad podrán avanzar hacia una audiencia pública y recibir sanciones propias de 5 a 8 años de restricción de libertades.
Los que no acepten serán enviados a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
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