Investigación por presencia de Carlos Ramón González en fiesta en la embajada de Colombia en Nicaragua

Un nuevo escándalo sacude a la diplomacia colombiana luego de que el procurador general, Gregorio Eljach, anunciara la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Cancillería por la organización de una fiesta en la embajada de Colombia en Nicaragua, evento al que asistió el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, actualmente con orden de captura internacional por el caso UNGRD.

La fiesta en la embajada de Colombia en Nicaragua quedó en el centro de la polémica tras la difusión de videos en los que se observa a Carlos Ramón González participando activamente en una denominada “Noche Vallenata”, realizada el pasado 11 de diciembre en un exclusivo salón del Teatro Nacional de Managua.

Las imágenes, reveladas por medios nacionales, reavivaron el debate sobre el respaldo diplomático que habría recibido González para permanecer en Nicaragua, país donde solicitó asilo político y residencia luego de ser imputado en Colombia por delitos como cohecho, peculado y lavado de activos.

Según información conocida, el trámite migratorio fue gestionado el mismo día en que la Fiscalía formalizó los cargos en su contra.

El procurador Eljach fue enfático en señalar que la investigación es procedente debido a que las embajadas son consideradas extensión del territorio nacional. “Podría configurarse una falta disciplinaria por parte de servidores públicos en ejercicio. Se está estableciendo quién autorizó el evento, quién realizó las invitaciones y quiénes participaron”, explicó.

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Uno de los funcionarios bajo la lupa es el encargado de negocios de la embajada, Óscar Muñoz, señalado de haber intervenido en la renovación del estatus migratorio del exfuncionario en Nicaragua.

Mientras tanto, el proceso judicial contra González continúa avanzando en Colombia. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura al considerar que existen pruebas que lo vinculan como presunto articulador de sobornos financiados con recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Aunque la orden de Interpol sigue vigente, expertos advierten que su ejecución dependerá de la voluntad de las autoridades nicaragüenses, especialmente tras la concesión de asilo político por parte del régimen de Daniel Ortega.

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