Fotos sacadas de archivo.
La decisión del Gobierno nacional de solicitar la suspensión de capturas contra 29 integrantes del Clan del Golfo desató fuertes reacciones políticas en el país, y una de las más contundentes llegó desde Medellín.
El alcalde Federico Gutiérrez cuestionó duramente la medida y aseguró que el mensaje que se le está enviando al país es que “delinquir paga”.
La polémica surgió luego de conocerse la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, mediante la cual el Gobierno pidió a la Fiscalía suspender temporalmente las capturas de varios integrantes de esa estructura armada, incluyendo a alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla de la organización criminal y requerido además por autoridades internacionales.
Según explicó el Ejecutivo, la decisión busca facilitar el traslado de estos hombres hacia Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, como parte del proceso de diálogo sociojurídico adelantado bajo la política de Paz Total. Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer desde distintos sectores políticos y autoridades regionales.
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El alcalde de Medellín fue uno de los mandatarios que rechazó públicamente la medida. A través de un mensaje, Gutiérrez afirmó que el país no puede seguir “protegiendo a los peores criminales” y comparó la situación con experiencias anteriores registradas en Medellín, donde según indicó, algunos delincuentes terminaron convertidos en supuestos gestores de paz mientras las estructuras ilegales continuaban operando.
En sus declaraciones, el mandatario aseguró que las capturas suspendidas podrían interpretarse como un beneficio para organizaciones responsables de delitos como narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado y homicidios.
Además, sostuvo que este tipo de decisiones terminan afectando a las víctimas y debilitando la autoridad del Estado frente a grupos armados ilegales.
“Eso no es paz”, expresó Gutiérrez, quien insistió en que la seguridad y la justicia deben prevalecer sobre cualquier negociación con organizaciones criminales. También señaló que Colombia necesita instituciones que enfrenten a las estructuras ilegales y no medidas que, según él, podrían ser entendidas como concesiones.
Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional han defendido la suspensión de capturas argumentando que se trata de un mecanismo contemplado dentro de la estrategia de Paz Total y que busca avanzar en el sometimiento y desmantelamiento del Clan del Golfo.
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