Foto de cortesía.
Un escándalo que mezcla vallenato en vivo, licor, neveras, consolas de videojuegos y lavadoras sacudió en abril de 2026 al sistema penitenciario colombiano y puso en el centro del debate nacional la política de Paz Total del Gobierno Petro.
El detonante fue la difusión de videos de una celebración privada organizada por cabecillas de estructuras criminales dentro de la cárcel de Itagüí, donde varios de estos individuos participan como voceros de la mesa de diálogos de paz urbana.
Según las denuncias, el evento habría incluido un concierto del cantante Nelson Velásquez con un costo estimado de $500 millones de pesos.
Una inspección sorpresa del INPEC tras conocerse el escándalo encontró en los patios de la cárcel de Itagüí elementos completamente ajenos a un centro penitenciario: neveras, módems WiFi, lavadoras, estufas y consolas de videojuegos.
El hallazgo derivó en la separación del cargo de 11 funcionarios del penal por presuntas fallas en los protocolos de seguridad y posible corrupción interna.
El Gobierno Nacional, por su parte, suspendió temporalmente la mesa de interlocución con las estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellas La Terraza y Pachelly, hasta que se esclarezcan las responsabilidades.
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Sin embargo, para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la fiesta no es un hecho aislado ni un simple error administrativo: es la expresión más visible de lo que él considera una política de complacencia deliberada con el crimen organizado.
«Todo lo que vemos es cómo se concreta un pago de favores de parte del gobierno nacional a las peores estructuras criminales», afirmó el mandatario.
Gutiérrez también apuntó contra lo que describió como el uso de canales oficiales del gobierno para darles vocería pública a integrantes de estas organizaciones.
«Se volvieron voceros de las peores estructuras criminales. Fueron entregando el país», señaló, y advirtió que esa permisividad explica el crecimiento que en los últimos años han registrado grupos como las disidentes, el ELN y el Clan del Golfo. «Crecieron con la complacencia del gobierno nacional», indicó.
El escándalo de la fiesta se suma a la ya encendida controversia por la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas del Valle de Aburrá, decisión que la Fiscalía tuvo que reversar parcialmente.
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