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La Corte Constitucional emitió un fallo en respuesta a la tutela interpuesta por 578 mujeres privadas de la libertad de la cárcel El Pedregal de Medellín, por deficiencias alimentarias.
Estas mujeres denunciaron condiciones inaceptables en la calidad, cantidad e higiene de los alimentos que estaban dando dentro de la cárcel. Además, argumentaron que sus derechos fundamentales a la vida, salud y alimentación, estaban siendo violados.
El alto tribunal encontró evidencias de deficientes condiciones en las que se prestaba el servicio de alimentación en el complejo carcelario.
Expusieron irregularidades en los ranchos destinados a la alimentación, los cuales dos no tenían las óptimas condiciones para operar adecuadamente.
Un rancho, incluso, había sido clausurado por la Secretaría de Salud de Medellín hace más de un año sin que se tomaran acciones efectivas para su rehabilitación.
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El rancho restante, que abastece a todas las personas privadas de la libertad en El Pedregal, presentaba problemas significativos relacionados con la infraestructura, la cual estaba deteriorada, había deficiencias en la ventilación, entrega irregular de alimentos y condiciones higiénicas inaceptables.
Además, la Corte indicó que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) no estaba cumpliendo con los estándares mínimos de calidad y horarios establecidos.
Como medida correctiva, la Sala ordenó a la USPEC, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia, diseñar y ejecutar un plan integral en un plazo máximo de seis meses.
Este plan debe incluir la mejora, adecuación y construcción de la infraestructura faltante en los ranchos, asegurando el cumplimiento de las normativas de salud pública y estándares de operación.
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