Estado recupera hacienda ligada al paramilitarismo en Necoclí y la entrega a víctimas del conflicto

Un extenso predio rural ubicado en el municipio de Necoclí, en la subregión de Urabá, cambió de destino tras décadas de estar vinculado a estructuras armadas ilegales. Se trata de la Hacienda Virgen del Cobre, una propiedad de 1.143 hectáreas que fue adjudicada a 120 familias campesinas reconocidas como víctimas del conflicto armado.

La hacienda, localizada en un punto estratégico con acceso a una vía nacional y cercanía al mar, permaneció durante años bajo ocupación irregular. En el lugar se desarrollaban actividades ganaderas a gran escala, pese a no existir pagos ni contratos legales que respaldaran su explotación.

Durante el proceso de recuperación, la Agencia Nacional de Tierras halló más de 900 reses y alrededor de 150 caballos en el predio. “Era una finca ganadera explotada sin pagar un solo peso de arriendo”, señaló Felipe Harman, director de la ANT.

Un pasado ligado al control armado ilegal

La historia de la Hacienda Virgen del Cobre está estrechamente ligada a la violencia que marcó a Urabá durante las últimas décadas. Su conformación inició a comienzos de los años ochenta, cuando fue adquirida por José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, señalado en investigaciones judiciales como financiador del paramilitarismo y vinculado al entorno del narcotráfico. Con el paso del tiempo, el predio se amplió y se consolidó como un punto clave para el control territorial ilegal, especialmente sobre la vía que conecta a Necoclí con el resto del Urabá.

Distintos testimonios recopilados en procesos de Justicia y Paz indican que la finca fue utilizada como lugar de encuentro de jefes paramilitares, espacio de descanso de combatientes y centro de operaciones para ejercer dominio sobre comunidades rurales.

En este lugar habrían tenido presencia figuras del conflicto armado ilegal como Vicente y Carlos Castaño, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. “Esta finca fue reconocida como un epicentro de control territorial, descanso de tropa y control poblacional”, afirmó Harman.

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Aunque hubo intentos fallidos de recuperación en 1989 y 2009, solo hasta 2023 se logró una decisión definitiva que permitió el traspaso del predio a manos del Estado. La medida quedó bajo administración del Fondo de Reparación de las Víctimas, aunque, según la ANT, el terreno continuó siendo ocupado de manera irregular. “No tenían contrato de arrendamiento y seguían explotando la tierra”, explicó el director de la entidad.

Posteriormente, la hacienda fue incorporada al Plan Nacional de Reforma Agraria y adjudicada a organizaciones de víctimas como parte de los mecanismos de reparación. De acuerdo con la ANT, este caso hace parte de un proceso más amplio de recuperación de tierras en Urabá, donde se han identificado otros predios en condiciones similares. “Sabemos que hay miles de hectáreas más en esta situación”, indicó Harman.

Las hectáreas recuperadas fueron entregadas a integrantes de las asociaciones Asodisban, Acamcopaz y Tierra y Vida, que agrupan a personas desplazadas y afectadas directamente por la violencia. Para los beneficiarios, la adjudicación abre la posibilidad de retomar actividades productivas en un territorio que durante años estuvo asociado al despojo y al control armado ilegal.