Fotos de archivo.
La seguridad en torno a la protección de personas en Colombia volvió al centro del debate público tras las recientes declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, sobre el caso de Juliana Guerrero.
La controversia se desató luego de cuestionamientos sobre el esquema asignado a Juliana Guerrero, quien actualmente no ocupa un cargo público, pero sigue contando con medidas de resguardo.
El funcionario desmintió versiones que circulaban sobre un supuesto esquema robusto compuesto por varios vehículos blindados y un amplio número de escoltas, asegurando que dichas afirmaciones no corresponden a la realidad.
Según explicó el director de la UNP, la protección a Guerrero se originó durante el tiempo en que estuvo vinculada al Ministerio del Interior.
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En ese periodo, habría reportado situaciones de riesgo que fueron evaluadas por los comités técnicos encargados, los cuales determinaron la necesidad de otorgar medidas preventivas. Actualmente, su caso continúa bajo revisión mediante los procedimientos ordinarios que aplica la entidad.
Sin embargo, el tema ha generado críticas desde distintos sectores políticos y de opinión. Algunos cuestionan la asignación de recursos estatales para la protección de una persona sin funciones públicas vigentes, especialmente en un contexto donde líderes sociales y otras poblaciones vulnerables enfrentan amenazas constantes.
En medio de este panorama, el caso ha abierto un debate más amplio sobre los criterios utilizados para asignar esquemas de protección en el país.
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