Hace pocos minutos se conoció que la Contraloría ofició embargos a las empresas privadas Integral y Conconcreto, por el posible detrimento patrimonial que significó Hidroituango.
Aunque en un principio se habló de que el embargo cobijaba también a Empresas Públicas de Medellín- EPM-, se conoció que dicho procedimiento no aplica para la empresa pública, por lo que el detrimento, de ser confirmado, sería pagado solo por los privados.
Según se pudo conocer, la Contraloría habla de un posible detrimento de 4 billones de pesos, y por eso, mientras avanza la investigación, congela los recursos de las dos empresas privadas, que hacen parte del conglomerado que construye la obra, y de la empresa pública, por lo que aconteció con el proyecto hídrico en 2018.
En el embargo realizado por la Contraloría también están las empresas Coninsa y la brasilera Camargo Correa.
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Esta decisión compromete la situación actual del proyecto, teniendo en cuenta que las empresas, con este embargo, podrían no tener los recursos para culminar la obra.
Por otro lado, las embargadas son empresas que fueron demandadas, precisamente por EPM, por ser las presuntas culpables de lo que pasó en la obra eléctrica.
Integral fue la empresa encargada del diseño de la obra, mientras que Conconcreto viene desarrollando la misma.
EN DESARROLLO.
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