Fotos sacadas de redes sociales.
Corre el tiempo para los cuatro funcionarios del Estado que permanecen secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras varios meses de cautiverio, el grupo armado emitió un comunicado radical a través de un video, anunciando que el Frente de Guerra Oriental iniciará un llamado “juicio revolucionario” contra los cautivos.
Esta drástica medida, que el grupo guerrillero justifica por la supuesta falta de avances en las negociaciones con el Gobierno, implica que los secuestrados podrían enfrentar eventuales penas de reclusión de tres a siete años en manos del ELN.
Los afectados son los agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, junto a los patrulleros de la Dijín de la Policía Nacional, Yordy Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankesley Hoyos Murcia. Sus secuestros se produjeron en mayo y julio en Arauca.
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El mensaje del ELN subraya la amenaza directa: “Los agentes […] pasarán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar”.
La Fiscalía General de la Nación reaccionó de manera inmediata y contundente, reiterando su llamado urgente al ELN para que libere a sus funcionarios de manera incondicional.
La entidad rechazó categóricamente la intención de condicionar la libertad de los agentes a un canje, “como si se tratara de fichas de cambio”, y recordó que ambos son funcionarios judiciales dedicados a la protección de víctimas y testigos, no a labores de combate.
En las grabaciones difundidas recientemente, los propios secuestrados habían dirigido mensajes al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, clamando por la agilización de su liberación.
La entidad agradeció también las gestiones humanitarias de organismos como la ONU, el CICR, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
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