El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. EFE/Archivo
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, dijo hoy que no se puede ser “más duros con los legales que con los ilegales”, al referirse a las protestas de la región del Catatumbo que hoy cumple 30 días sin solución.
“La verdad es que no podemos seguir siendo más duros con los legales que con los ilegales porque eso va contra el diálogo social, la política integral en materia de derechos humanos y contra la propia democracia”, dijo Garzón en una carta abierta.
Agrega que lo que no puede pasar en el país es que “mientras con los ilegales, en este caso la guerrilla de las FARC, que tiene armas y desarrollan acciones violentas, se llegan a acuerdos” ahora nos escandalicemos por “las propuestas de los campesinos del Catatumbo en materia agraria”.
Desde noviembre pasado, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) buscan salidas políticas al conflicto que azota al país desde hace medio siglo y el pasado 26 mayo alcanzaron el primer acuerdo, sobre el problema agrario.
Garzón, igualmente, manifestó su desacuerdo con los bloqueos de los campesinos y con “las acciones violentas” desarrolladas desde el pasado 10 de junio en la región del Catatumbo que pertenece al departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
“Creo que se han cometido errores y excesos de parte y parte, que, como siempre, las víctimas son los pobres”, dijo Garzón que lamentó la muerte de cuatro jornaleros así como que haya habido heridos civiles y militares.
A su juicio, la protesta social debe ser una expresión democrática y no de los violentos y, por lo tanto, su solución tiene que ser “dialogada” y no “con las descalificaciones y la represión”.
Pidió a los campesinos que ahora que se han iniciado diálogos con delegados del Gobierno, “tomen la decisión de poner fin a los bloqueos”.
El Gobierno colombiano envió ayer dos comisiones para atender la crisis en la región del Catatumbo (noreste), donde hace casi un mes que se registran protestas de campesinos.
Si las mesas de diálogo fructifican, las dos partes tienen que iniciar una negociación en la que los campesinos reclaman la suspensión de la erradicación de los cultivos ilícitos y la implantación de una Zona de Reserva Campesina, así como el fin de los grandes proyectos de minería y agroindustria.
La protesta congrega a miles de campesinos en Ocaña y en Tibú, esta última una importante zona petrolera del país que paradójicamente es una de las más abandonadas por el Estado.
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