El presidente ejecutivo de la cadena de tiendas venezolana Farmatodo está detenido junto a un gerente de la compañía acusados de generar colas de consumidores frente a las tiendas en un supuesto plan por desestabilizar el gobierno, afirmó hoy el presidente de la principal patronal venezolana, Jorge Roig.
“Anoche habían puesto preso al presidente ejecutivo (…) y a siete gerentes, hasta la mañana de hoy sigue preso el presidente ejecutivo y creo que un gerente más y tengo la información fresca ahora de que soltaron a cinco de los gerentes”, aseguró Roig.
“Quiero pensar que más qué detenidos están llamados a declarar pero como el presidente dijo ayer ‘quiero verlos presos y que le pongan los ganchos’, uno tiene varias versiones”, añadió el presidente de Fedecamaras.
Según Roig, los ejecutivos de Farmatodo fueron detenidos “porque solo había dos cajas abiertas”, algo que es sancionado por las autoridades gubernamentales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló el domingo la detención de los dueños de la cadena de farmacias que, aseguró, son la “punta de lanza de la conspiración” económica que ha generado la crisis de escasez y desabastecimiento que vive ese país.
El Gobierno venezolano ha dicho que los ejecutivos de las la cadena, con 167 tiendas en el país, deberán explicar por qué propician colas en las puertas de sus locales.
Los comerciantes atribuyen la crisis a los problemas de asignación de divisas para la importación de productos y materias primas, mientras que el Gobierno responsabiliza a los empresarios de generar una “percepción” de escasez para “irritar” a los venezolanos y generar una “guerra económica” en su contra.
Las filas de compradores frente a las tiendas son, según Roig, porque “hay muchísima gente que quiere comprar muy pocos productos, y hay pocos productos porque no se produce en Venezuela, porque las empresas públicas han dejado de producir” y a lo que se suma, lo que calificó de “una persecución absoluta contra la empresa privada para acabarla”.
Por su parte, Farmatodo explicó a través de un comunicado que, tras una fiscalización de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) y el Sebin (servicio de inteligencia venezolano), se abrió un procedimiento administrativo y, como parte de ello, ejecutivos de la empresa “fueron invitados a rendir declaraciones”.
La cadena, con más de 90 años en el mercado venezolano, que preciso haber sido sometida a más de 60 inspecciones solo durante el mes de enero, aseguró que se encuentra “permanentemente a disposición de las autoridades para que fiscalicen” sus operaciones. EFE
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