Foto: Mary Luz Avendaño Las autoridades hallaron en un vehículo una caleta con armas y uniformes del Ejército.
El hallazgo de un hombre asesinado en el sótano de un lujoso edificio en el exclusivo sector de El Poblado, a quien se le incautaron, en una caleta de un vehículo de su propiedad, 3 fusiles, 2 pistolas, más de 3 mil cartuchos de munición y 6 uniformes de uso privativo del ejército, puso de nuevo sobre el tapete dos propuestas necesarias, según la Policía, para evitar que los narcotraficantes se oculten en estas unidades residenciales: el empadronamiento y la extinción de dominio para estos inmuebles.
Según el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez, el hombre era cercano a alias Sebastián, uno de los cabecillas de la “Oficina”; ambos fueron detenidos en un retén en 2006 con pistolas con salvoconducto. Entonces no tenían orden de captura.
Con la muerte de este sujeto se estableció que en el edificio donde fue asesinado tenía arrendados dos apartamentos: uno para vivienda y el otro para reuniones.
Ante esta situación, el coronel Martínez insistió en la necesidad de realizar un empadronamiento en la ciudad. “Para Medellín es una necesidad, las autoridades deben hacer ese registro para saber quiénes viven en esas zonas y a qué se dedican. Los ciudadanos tienen derecho a saber a quién tienen al lado, pues cuando menos lo esperan se dan cuenta de que son narcotraficantes que los ponen en riesgo”, y agregó: “quienes están en desacuerdo con la medida dicen que viola el derecho a la intimidad, ¿acaso no debe prevalecer el derecho a la vida? Esa es la pregunta que me hago. Cuántos narcos hay hoy en esos sectores exclusivos es lo que nos debe preocupar”.
Según el alto oficial, hace algunos meses, cuando lanzó la propuesta, se reunió con Fedelonjas para que las empresas de arrendamiento de la ciudad trabajaran de la mano con la Policía y de esta manera pudieran verificar los antecedentes de quienes pretenden arrendar inmuebles, pero según el coronel, aún no ha recibido una sola llamada solicitando colaboración. “Si nos hubieran preguntado por este sujeto, se habrían dado cuenta de quién era, pero así es muy difícil. Esto tiene que ser un nuevo campanazo de alerta para que se tomen las decisiones necesarias que se quedaron en el tintero”, resaltó Martínez.
En cuanto a la extinción de dominio para los bienes inmuebles que tengan relación con hechos de narcotráfico, el coronel Martínez recordó que seis apartamentos de El Poblado ya fueron entregados en marzo, para que se analice la posibilidad de aplicarles esta medida, pues en ellos se almacenaban narcóticos y armas de fuego, y servían de refugio a narcotraficantes. Sin embargo, los procesos en la ciudad en ese sentido no avanzan, hay más de 200 inmuebles pendientes de extinción, por distribución y almacenamiento de alucinógenos.
Para agilizar estos procesos, la Fiscalía se había comprometido a enviar fiscales especializados a la ciudad, pero a la fecha no han llegado. “Nosotros los seguimos esperando. Desde septiembre el señor Presidente le pidió a la Fiscalía que enviara a estos funcionarios y no ha sido posible. Esto se está trabajando desde Bogotá y son procesos muy lentos”, concluyó.
Los casos de estos dos apartamentos allanados en las últimas horas y vinculados con narcotráfico también serán enviados a los fiscales del caso, para que se estudie la posibilidad de aplicarles la extinción de dominio.
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