Foto de cortesía.
Minuto30.com .- El inicio del 2026 ha traído consigo una batalla jurídica que promete redefinir el futuro laboral del país. El Consejo de Estado ha admitido oficialmente la primera demanda contra el Decreto 1469, la norma con la que el presidente Gustavo Petro fijó un histórico incremento del 23 % en el salario mínimo.
La justicia deberá decidir si el Gobierno Nacional se saltó la ley al priorizar el “salario vital” sobre los indicadores de productividad e inflación.
Según reveló SEMANA y confirman los documentos ante el Consejo de Estado, el Gobierno habría incurrido en una “sustitución de los parámetros legales”.
Históricamente, el aumento se negocia en la Comisión de Concertación bajo criterios claros:
* Inflación causada y meta de inflación.
* Productividad de los factores.
* Contribución de los salarios al ingreso nacional.
* Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
La demanda alega que el presidente Petro confesó en su alocución que el 23 % no salió de estos datos, sino de una estimación de la OIT sobre el “salario vital”. El demandante sostiene que el Gobierno no tiene la facultad de cambiar las reglas de juego impuestas por el Congreso, imponiendo una “carga desproporcionada” que rompe el equilibrio constitucional.
Es importante tener en cuanto que la Inflación durante el 2025 fue del 5.1%, según reveló el DANE, o sea casi un 18% por debajo del alza del mínimo.
El Consejo de Estado debe decidir en los próximos días si ordena la suspensión provisional de los efectos del decreto.
Si esto sucede:
* El salario mínimo regresaría a una base legal técnica (probablemente mucho menor).
* Se podría generar un caos administrativo en los pagos de seguridad social ya realizados en enero.
De no hacerlo:
Para el dueño de una pequeña empresa, un aumento del 23 % en la nómina no es solo “un poco más de dinero”. Es un choque financiero que desborda los costos de producción; pues al subir el mínimo, suben las prestaciones sociales, los aportes parafiscales y la seguridad social. El empresario se ve obligado a subir precios o, en el peor de los casos, a recortar personal para no quebrar.
A la vez sería una trampa para el asalariado; pues aunque el trabajador ve más dinero en su cuenta, el incremento del 23 % podría ser una “victoria pírrica” ya que, si las empresas suben sus precios para pagar los nuevos salarios, el costo de la canasta básica se afectaría en la misma o mayor proporción, anulando el beneficio del aumento.
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