El Consejo de Estado admite la tutela para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales

El Consejo de Estado ha admitido una tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro, solicitando medidas urgentes para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del proceso de paz. La tutela fue interpuesta por Ernesto Amézquita Camacho, exmagistrado y miembro del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, debido a los altos riesgos que enfrentan estas personas.

Amézquita Camacho, quien también fue exprocurador provincial de Armenia y docente universitario, hizo hincapié en la violencia sistemática que afecta a estos defensores, señalando que muchas veces son blanco de ataques directos a manos de actores armados. En su solicitud, enfatizó la necesidad urgente de crear un grupo élite que garantice la seguridad de los afectados, además de establecer un subsidio y un seguro de vida para ellos y sus familias.

«El objetivo no es en contra del presidente, sino en pro de la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del proceso de paz», explicó el demandante, quien también subrayó que esta solicitud se hace en un contexto crítico, como el que vive la región del Catatumbo, donde se reportan numerosas persecuciones y asesinatos de estas personas.

El exmagistrado también destacó la falta de herramientas de seguridad adecuadas para los líderes sociales. «Es inconcebible que mientras un sicario anda armado con un fusil, un líder social solo disponga de un botón de pánico, o viaje en vehículos en mal estado que no les permiten protegerse», criticó Amézquita Camacho.

En respuesta a esta tutela, el Consejo de Estado vinculó a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se tomen medidas eficaces en la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia.

La tutela fue enviada al Consejo de Estado por las autoridades del Quindío, quienes finalmente asignaron el caso a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La tutela marca un paso importante en la lucha por la protección de los defensores de derechos humanos, quienes siguen siendo víctimas de amenazas y violencia en diferentes regiones del país.

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