Destapan “olla” de corrupción con policías muertos en Chile

Un reportaje del medio El Mostrador denunció que el Estado costeó por años los salarios de 65.085 trabajadores de Carabineros, cuando la verdadera dotación es de 58.228 personas, entre civiles y uniformados.

El portal electrónico cruzó los testimonios de autoridades y exfuncionarios de Carabineros, en el marco de la investigación por el cuantioso fraude en la institución, que se destapó en 2016, y descubrió
que en la entidad existía una “cifra fantasma” de empleados, “sin nombre, sin destinación, ni rango”.

Para la ley presupuestaria de este año, Carabineros aseguró al Parlamento que la dotación en el organismo era de 65.058 funcionarios, sin embargo el actual director, Bruno Villalobos cifró los empleados en 58.228.

Respecto de esta amplia diferencia, el diputado socialista Leonardo Soto explicó que “quien defendía el presupuesto en el Congreso y frente al Ministerio de Hacienda era el propio general Flavio
Echeverría”, actualmente imputado por la Justicia como el cabecilla en este caso de corrupción.

Esta situación irregular no había sido detectada antes, porque la legislación chilena instaurada durante el régimen militar establece que la cifra de personas que integran las Fuerzas Armadas y Carabineros es de “carácter secreto”.

De esta manera, sólo se pudieron contrastar los datos aportados por el propio general Villalobos al Congreso, en el marco de la investigación por fraude al Fisco de la institución, con lo ofrecido en el presupuesto para este año.

La investigación de El Mostrador reveló uno de los mecanismos que los funcionarios tenían para robar dinero al Estado, como parte de una red de desfalco que ahora es investigada por la Justicia, y mantiene imputadas a más de cien personas.

El caso estalló a fines del año pasado, cuando se conoció que entre 2010 y 2015 funcionarios de la institución desviaron altas sumas de dinero desde cuentas corrientes de Carabineros hacia cuentas personales de oficiales.

Las indagatorias de este desfalco, que involucra incluso a algunos generales, comenzaron a raíz de un informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por una transacción de dinero “sospechosa”, lo que motivó una denuncia ante la Justicia.