Capturas del video de redes sociales.
Un operativo de restitución de tierras adelantado por la Fuerza Pública en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, terminó con la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad, luego de que un grupo de ocupantes irregulares se negara a abandonar la hacienda Virgen del Cobre, predio que había sido recuperado previamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La diligencia se llevó a cabo este miércoles, tras varios días de ocupación ilegal del terreno, que ya había sido entregado a asociaciones sociales reconocidas como beneficiarias del proceso de adjudicación. De acuerdo con las autoridades, la intervención fue necesaria ante la persistencia de las invasiones y las alteraciones al orden público que se registraron en la zona.
El procedimiento fue liderado por unidades de la Policía Nacional con el acompañamiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UDMO). Durante el desalojo, un grupo de personas se desplazó hasta la vía nacional que atraviesa el municipio y bloqueó el paso de vehículos, situación que obligó a la intervención policial para restablecer la movilidad.
El comandante de la Policía de Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, informó que las acciones permitieron recuperar el predio y normalizar la situación en el sector. “Las personas fueron retiradas del lugar y, posteriormente, intentaron bloquear la vía nacional. Allí intervenimos para restablecer el tránsito y se produjeron las capturas: 12 adultos y un menor de edad”, señaló el oficial.´
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Durante la jornada se presentaron momentos de tensión tanto en inmediaciones rurales como en el casco urbano de Necoclí. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron disturbios, quema de llantas y daños menores en una estructura tipo kiosco, cuyo incendio fue controlado oportunamente por el Cuerpo de Bomberos.
La hacienda Virgen del Cobre, con una extensión superior a las 1.100 hectáreas, ha sido foco de controversia en los últimos días debido a las inconformidades de algunos sectores de la comunidad que aseguran no haber sido incluidos en el proceso de adjudicación adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El predio fue vinculado a procesos de extinción de dominio por su relación con alias Pelusa, señalado como testaferro del extinto narcotraficante Pablo Escobar, y posteriormente asignado a organizaciones de víctimas del conflicto armado.
Las autoridades indicaron que, una vez concluidas las diligencias judiciales, el terreno será devuelto nuevamente a las asociaciones beneficiarias. Asimismo, la Policía anunció que se mantendrán controles y visitas periódicas para evitar nuevas ocupaciones ilegales y garantizar la seguridad en la zona.
Finalmente, desde la institucionalidad se reiteró el llamado a la comunidad para que cualquier inconformidad frente a los procesos de tierras sea tramitada por las vías legales, evitando acciones que puedan derivar en hechos de violencia o afectaciones al orden público.
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