Foto de archivo y redes sociales.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una ofensiva en múltiples frentes contra la decisión del Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Su primera jugada será radicar ante el Congreso de la República una propuesta de proyecto de ley para derogar la Paz Total, la norma que, según él, se ha convertido en el paraguas jurídico bajo el cual el gobierno de Petro le abre las puertas a la delincuencia organizada.
Para Gutiérrez, la Paz Total no es una política de seguridad ni un camino hacia la reconciliación: es, en sus propias palabras, «una alcahuetería», un acuerdo encubierto con el crimen que ahora muestra su cara más cruda con la liberación temporal de individuos condenados por homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado, justo cuando el país se aproxima a una temporada electoral.
«Se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña», dijo sin rodeos, señalando que detrás del argumento de los diálogos de paz hay una operación política para que estas estructuras movilicen votos y ejerzan presión sobre las comunidades en favor del proyecto de gobierno.
El alcalde Gutiérrez fue especialmente contundente al recordar que varios de los beneficiados no son simplemente investigados: son individuos que, desde la cárcel, siguen dando órdenes.
Mencionó de manera directa a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico jefe de La Terraza, condenado por desaparición forzada y homicidio, quien habría enviado mensajes de amenaza directa contra él y contra el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.
El alcalde de Medellín no se quedó en el escenario local ni en el Congreso. Anunció que llevará el caso ante instancias internacionales: el Departamento de Estado de Estados Unidos, el FBI, la DEA, la agencia HSI y organismos europeos donde algunas de estas estructuras también tienen vínculos de narcotráfico.
Su argumento es claro: si el gobierno colombiano no protege a sus ciudadanos de estos grupos, la comunidad internacional debe saber lo que está pasando.
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Frente a quienes defienden la medida argumentando que los diálogos han reducido la violencia en Medellín, el alcalde fue categórico: la caída del 18% en los homicidios registrada en la ciudad frente al año anterior no es mérito de la Paz Total, sino resultado del trabajo articulado entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la estrategia de seguridad que su administración ha liderado.
En ese sentido, rechazó que el Gobierno nacional se atribuya logros que, según él, son producto del esfuerzo institucional local.
Gutiérrez también anunció que enviará una comunicación formal a la fiscal Luz Adriana Camargo explicando por qué considera que la suspensión de las órdenes de captura de los 23 cabecillas carece de sustento jurídico y representa una injerencia directa del ejecutivo sobre las comunidades más vulnerables de la ciudad.
Para el alcalde Federico Gutiérrez, una ‘paz’ que no se construye sobre la justicia y el respeto a las víctimas no merece llamarse paz.
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