defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, denunció desplazamiento forzado en el Chocó por parte de as farc. EFE
La Defensoría del Pueblo colombiana denunció hoy el desplazamiento de 89 personas, entre ellos 49 menores de edad, en el departamento del Chocó (noroeste), por la llegada de hombres de las FARC a una zona dominada por la banda narcoparamilitar Los Urabeños.
defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, denunció desplazamiento forzado en el Chocó por parte de as farc. EFE
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó en un comunicado que esta situación se registra desde el pasado jueves en el poblado La Honda del municipio de Riosucio (Chocó), una zona selvática y fluvial cercana a la frontera con Panamá, y afecta a 23 familias integradas por 89 personas.
Otálora explicó que el pasado jueves llegó al poblado un grupo de guerrilleros armados identificados como miembros del frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de que los últimos dos años hayan tomado el control de la zona “las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños”.
Esta banda, heredera de las estructuras y actividades de los grupos paramilitares desmovilizados en 2005, ha ejercido en la zona “un fuerte control al tránsito de embarcaciones, pasajeros, víveres y combustibles sobre el eje del río Atrato”, según la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría Regional de Urabá intervino desde el viernes para convocar una reunión entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los líderes de la comunidad desplazada por miedo a posibles enfrentamientos entre las FARC y Los Urabeños.
Las familias se encuentran albergadas en una escuela cercana y para su retorno exigen seguridad y presencia permanente de la fuerza pública, así como una embarcación para al menos 80 personas, una promotora de salud para su región y antenas para telefonía móvil.
Otálora pidió en el comunicado que los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del Interior, Aurelio Iragorri, así como la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, tomen decisiones para proteger a esta comunidad.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en anteriores ocasiones de las constantes violaciones a los derechos de los habitantes afrodescendientes e indígenas de la cuenca del río Cacarica y de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién desde 2009 por la presencia de las FARC y de bandas como Los Urabeños y Los Rastrojos. EFE
2014-01-13
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