Fotos sacadas de redes sociales.
Un nuevo episodio que ha sido calificado como un presunto caso de corrupción judicial y política se conoció el fin de semana, tras las denuncias penales interpuestas por Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia.
De acuerdo con lo expuesto por el ahora candidato a la Cámara, existiría presuntamente una red de “contratos amarrados” y nombramientos de familiares en entidades como Findeter y el Ministerio del Interior, que según su versión, habrían sido diseñados para garantizar apoyo legislativo a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La denuncia, según lo manifestado por Enciso, involucraría presuntamente a figuras de alto nivel como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti; el exministro Luis Fernando Velasco; la senadora Berenice Bedoya; y el secretario de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. No obstante, hasta el momento, no se conocen decisiones judiciales que confirmen estos señalamientos.
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Enciso ha señalado que el supuesto entramado habría incluido presuntamente el ofrecimiento de cargos en la Dirección Nacional de Bomberos y en Finagro, así como la contratación de familiares de la senadora Bedoya en el Ministerio del Interior, hechos que, según su denuncia, se habrían presentado en el contexto del debate de la reforma a la salud a finales de 2025.
El exfuncionario afirmó que contaría con pruebas, entre ellas chats y testimonios de miembros de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que al parecer evidenciarían negociaciones relacionadas con adiciones presupuestales para obras de acueducto en Yarumal, Antioquia, a cambio de respaldo político. Sin embargo, dichas pruebas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
Estos señalamientos han generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y el funcionamiento de la banca de desarrollo en las regiones, aunque corresponderá a los entes de control y a la justicia determinar si existieron o no irregularidades.
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