Foto ilustrativa.
La Defensoría del Pueblo radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución presidencial que otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tres meses después de su expedición.
El documento firmado por Iris Marín Ortiz, titular de la Defensoría, cuestiona la falta de claridad sobre las funciones asignadas y advierte sobre los graves riesgos políticos y sociales que representa la vigencia de esta medida presidencial.
La resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, emitida por la administración de Gustavo Petro, designó como gestores de paz a figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, Ramiro Vanoy alias ‘Cuco Vanoy’ y Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, entre otros.
Según la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, varios de estos exjefes paramilitares fueron excluidos previamente del proceso de Justicia y Paz por reincidir en actividades delictivas o incumplir sus compromisos con la verdad, la reparación y la no repetición de hechos violentos.
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«La vigencia y aplicación de la resolución demandada genera graves efectos en el plano político y social, en cuanto concede el estatus de gestores de paz a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley, personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos», señala el documento.
La Defensoría también advirtió que esta decisión presidencial «altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos».
Ahora el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre la solicitud de nulidad presentada por la entidad encargada de velar por los derechos de los colombianos.
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