Defensor del Pueblo solicita medidas que protejan la vida de los todos los servidores públicos y candidatos

La actual situación que vive Colombia llevó a Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a hacerle el requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la integridad de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y quienes aspiran a un cargo de elección popular no siga corriendo peligro.

“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En reunión con quien fuera Comisionado y Relator para Colombia, Joel Hernández García, Carlos Camargo Assis le manifestó el rol clave que tiene el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para Colombia y la región. Por ende, le reiteró la importancia de que la CIDH respalde el SAT a través del otorgamiento de medidas cautelares para las personas que, según el propio Sistema, están en riesgo extremo en el actual ambiente electoral.

Hay 26 alcaldes amenazados, de acuerdo con Defensor del Pueblo

Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo), detalló Defensor del Pueblo.

Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).

Otros servidores públicos intimidados

Un total de tres gobernadores están amenazados hoy, son quienes tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.

Un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.

Candidatos amenazados y víctimas de atentados

Son 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.

La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.

La Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.

“A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Por eso le solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados. De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, recalcó el Defensor del Pueblo.

Más noticias de Colombia