La polémica por la retirada de la estatua de Colón de las inmediaciones de la Casa Rosada ha agravado la tensión entre el Ejecutivo de Cristina Fernández y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hoy somete a debate en la legislatura porteña la derogación de convenios de gestión de espacios públicos.
Los legisladores de la capital discutirán a instancias de la conservadora Propuesta Republicana (Pro), liderada por el alcalde, Mauricio Macri, la posibilidad de revisar o incluso suspender el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en el año 2007 para el manejo y mantenimiento del paseo público.
El nuevo capítulo de tensión entre ambas administraciones se debe a la decisión del Ejecutivo de Fernández de retirar la escultura de Cristóbal Colón situada, hasta el pasado sábado, en un pedestal frente a la Casa Rosada.
El Gobierno argentino decidió meses atrás trasladar la estatua de Colón a la ciudad costera de Mar del Plata, unos 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, y colocar en su lugar un monumento a la guerrillera de la Independencia Juana Azurduy, natural de Sucre (Bolivia).
El Gobierno de la ciudad reclama la propiedad de la estatua de Colón y considera que el monumento es patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires.
Un fallo judicial respaldó el miércoles la polémica retirada de la escultura al considerar que la decisión del Gobierno nacional entra dentro de los límites de un plan de trabajos de restauración y no incumple la medida cautelar dictada en junio y que impedía el traslado de la figura.
El juez rechazó la denuncia por presunto «incumplimiento de medida cautelar» interpuesta el pasado lunes por la organización no gubernamental Basta de Demoler e interpretó que las actuales tareas forman parte del «Plan de Desmontaje y Preparación para Análisis y Evaluación de cada una de las Partes Constitutivas del Monumento».
Este plan, que se había notificado a los tribunales previamente, contemplaba la «urgencia de desmontar la estructura a fin de garantizar la conservación, cuidado y puesta en valor» y no entra en conflicto con la decisión judicial que el pasado mes prohibió «concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado del monumento» de su ubicación original.
La escultura fue obsequiada por la comunidad italiana a la ciudad de Buenos Aires en 1921 para agradecer la hospitalidad de los argentinos hacia los inmigrantes.
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