Foto sacada de redes sociales.
Una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y la ONU regresó con un reporte escalofriante de los municipios de Tibú y El Tarra, en el Catatumbo: comunidades enteras están «secuestradas» en sus propias casas, sin gas, sin comida y bajo la amenaza constante de drones cargados con explosivos.
La guerra en el Catatumbo entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha convertido a corregimientos como Filogringo en pueblos fantasma.
En estos lugares, el ELN impuso un paro armado desde diciembre que cortó de tajo el suministro de víveres.
En Filogringo, la barbarie llegó al punto de que una misión médica fue atacada con bombas, obligando al retiro de los únicos doctores que quedaban en la zona.
Lo más alarmante es el rastro que dejan los combates. En los parques y patios de las casas en El Tarra, se han encontrado artefactos sin detonar al alcance de niños y jóvenes.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que ya son más de 1.000 personas desplazadas en lo que va de 2026, huyendo no solo de las balas, sino de la zozobra psicológica que generan los drones y las minas antipersonal sembradas en los senderos.
«La gente quiere trabajar y educar a sus hijos, pero hoy solo pueden pensar en sobrevivir», señaló Marín.
A pesar de que el Ejército ha reforzado su presencia en Cúcuta y la frontera, el corazón del Catatumbo sigue siendo un territorio donde los grupos armados dictan la ley.
La Comisión Humanitaria lanzó un llamado urgente para que se respete el Derecho Internacional Humanitario y se permita la entrada de ayuda permanente, pues los kits entregados por la Gobernación son apenas un «paño de agua tibia» frente a un confinamiento que ya completa semanas. Si el Estado no actúa con una presencia institucional real, la región corre el riesgo de quedar deshabitada por completo.
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