Foto de archivo.
Argumentando compromisos ineludibles con una misión de seguridad extranjera, el gobierno de Noboa postergó el encuentro para la última semana de enero, mientras en la frontera el clima de desconfianza crece por las recientes medidas de represalia tomadas por ambos países.
El conflicto, que inició con la imposición de un gravamen del 30% a las mercancías colombianas por parte de Quito, ha desencadenado una respuesta simétrica desde Bogotá.
El Ministerio de Comercio de Colombia no solo aplicó una tasa similar a los productos ecuatorianos, sino que suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país.
Según investigaciones, el trasfondo de esta disputa no sería estrictamente comercial, sino una represalia directa de Noboa ante la insistencia de Petro por la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien el mandatario colombiano considera un “preso político” bajo tortura psicológica.
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La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, ha defendido la postura de su país asegurando que las medidas buscan financiar la seguridad interna y reducir el contrabando que alimenta la violencia en su territorio.
Como respuesta a la negativa de Ecuador de sentarse a dialogar de inmediato, Petro ordenó un control absoluto en los pasos fronterizos, por tierra y mar, con un objetivo específico: frenar el ingreso de insumos de fentanilo.
“Es una orden detener cualquier entrada de fentanilo a Colombia con rumbo donde sea”, sentenció el mandatario, quien busca presionar al gobierno de Noboa no solo en el ámbito económico, sino en el de seguridad nacional.
Con la mesa de diálogo aplazada, el comercio entre ambas naciones entra en una fase de incertidumbre que amenaza con encarecer productos básicos para los ciudadanos de ambas naciones.
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