Foto EFE/Archivo
Las autoridades de Costa Rica afirmaron hoy que no cuentan con pistas concluyentes sobre la presencia en su territorio de la exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado, quien es requerida en su país por varios delitos.
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El ministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, dijo en una conferencia de prensa que conoce “información de inteligencia básica” acerca de Hurtado, pero que “no hay certeza de que esté en el país”.
Gamboa dijo que hay un requerimiento de la Cancillería colombiana a las autoridades costarricenses para que en caso de que Hurtado se encuentre en Costa Rica, sea detenida y deportada.
Hurtado dirigió entre 2007 y 2009, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o central de inteligencia, organismo liquidado por una trama de espionaje contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Un año después de destaparse el escándalo, la funcionaria recibió asilo en Panamá, durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), pero hace pocas semanas su condición de asilo fue revocada al ser considerada inconstitucional.
Desde entonces se desconoce el paradero de Hurtado y algunas informaciones indican que podría haber salido de Panamá de forma ilegal hacia Costa Rica.
El ministro de Seguridad costarricense comentó que en este caso existe un intercambio de información de inteligencia con Colombia, Panamá y otros países centroamericanos.
“Hay informaciones que podrían sugerir su presencia en Costa Rica, pero nada concreto”, insistió Gamboa.
El funcionario aseguró que las autoridades migratorias y policiales de Costa Rica están alertadas sobre el asunto de la exfuncionaria colombiana, pero que “no hay una brigada que la busque”.
Gamboa dijo que si se llega a contar con información más contundente que determine que Hurtado se encuentra en Costa Rica, las autoridades reforzarán su labor para capturarla y deportarla hacia Colombia.
Hurtado es requerida en su país para que responda por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. San José, 12 ago (EFE)
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